Desde julio de 2012 no entra nadie nuevo en Upace para ser atendido en la unidad de día o en la residencia. Tiene, por tanto, plazas vacías. El origen de esta situación, advierte el director de la entidad, es que los Pias (los programación individuales de atención) están bloqueados, cuando hay mucha gente en su casa que necesita la atención especializada adecuada. Qué va a pasar con este asunto, con los pagos pendientes, con el futuro de las asociaciones, son cuestiones que remiten a los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía, por lo que la semana pasada el también presidente del Cermi (comité de entidades representantes de personas con discapacidad) se reunió con la nueva consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, para tratar este asunto.

"Nos transmitió que su intención es no tocar la Ley de Autonomía y Dependencia", desvela Porras. Sin embargo, las entidades siguen intranquilas y expectantes. El director de Upace espera que Sánchez Rubio cumpla lo dicho, más cuando conoce de primera mano este asunto porque fue ponente de la normativa en el Parlamento Andaluz. "Sabe que hay que buscar su viabilidad, pero es que yo estoy convencido que es viable", añade. Los colectivos ya propusieron algunas fórmulas para financiar esta ley, sin que su propuesta de echar mano de una parte del dinero destinado por la Seguridad Social a formación profesional fuera aceptada, tras el rechazo además de sindicatos y la patronal. Pero tienen otras ideas, como coger dinero de Loterías -como hizo el Gobierno en su momento para el déficit-, del IVA o de otros impuestos especiales. "Hay posibilidades, falta la voluntad política", lamenta el presidente del Cermi.

Una comisión se encargará de realizar en un mes un diagnóstico real del sector, para ver si es necesaria la reorganización del sector, antes de que el movimiento de ayuda mutua se vea abocado a su fin.