El PSOE ha tachado de "inmoral" el cargo asumido por el interventor isleño, José Antonio López Fernández, en el consorcio Bahía de Cádiz y ha exigido al alcalde isleño y presidente de la Diputación Provincial, José Loaiza, que dé marcha atrás y anule su nombramiento, efectivo desde el pasado mes de enero.

El concejal socialista Fernando León cuestionó ayer esta designación, que coloca a uno de los funcionarios demandados ante el Tribunal de Cuentas a causa del desfalco millonario de la caja al frente de la función interventora del ente consorciado que ahora se pretende reactivar para impulsar entre distintos ayuntamientos de la provincia una nueva gestión del servicio de transferencia, transporte y tratamiento de los residuos urbanos.

"¿Es que no había otro interventor que pudiera asumir estas funciones en todos los municipios de la provincia?", se preguntó ayer el veterano edil, que tildó de "políticamente vergonzoso" el comportamiento de Loaiza.

El PSOE isleño subrayó que se trata de una decisión difícilmente comprensible para la ciudadanía y recordó que el propio Gobierno municipal del PP ha incluido en su demanda al interventor entre los responsables subsidiarios "por irregularidades en el control y dejación de funciones en la contabilidad municipal".

De ahí que considere que su nombramiento ahora como interventor del ente consorciado sea inmoral, a pesar de constituir una práctica completamente legal. El propio Ayuntamiento -recordó-le exige 105.847 euros en su demanda. "Y, sin embargo, Loaiza le recompensa con un sueldo mensual de 1.210,20 euros", censuró Fernando León.

"Este nombramiento no se entiende si no es por facilitar al interventor el pago de las cantidades reclamadas por el propio Ayuntamiento", dijo. "Sería un préstamo encubierto sin intereses para pagar en caso de resultar culpable en el proceso abierto".

Los socialistas isleños recordaron también que el interventor, entre los argumentos que ha esgrimido en su defensa ante el Tribunal de Cuentas, había aludido siempre a un notorio retraso de la contabilidad que achaca a la falta de medios humanos y materiales, lo que posibilitó que se cometiera el robo. Afirmaciones que -dijo León- chocan abiertamente con este nombramiento que le ocupará parte de su tiempo. "Queda claro que ya no hace falta esa figura del viceinterventor y que se dan por cubiertos todos los servicios", insistió el edil, que además puso de manifiesto que el Ayuntamiento, en este consorcio, adeuda 872.051 euros, una deuda que arrastra desde los años 2001 a 2003.