El diputado socialista por Cádiz en el Congreso de los Diputados, Salvador de la Encina, quiso ayer salir al paso de las acusaciones realizadas por el PP en la provincia de Cádiz acerca de las ayudas de la Orden de Reindustrialización. Como se recordará, el presidente de la Diputación y de los populares gaditanos anunció que llevará el asunto a la Fiscalía y afirmó que "huele a corrupción".

Ayer, el diputado socialista recordó que esta línea de ayudas para la Bahía de Cádiz se puso en marcha en 2008 "por iniciativa mía, de Rafael Román y de Mamen Sánchez, y tengo que decir que no me imagino hoy una provincia de Cádiz sin estas ayudas; han sido el motor de Cádiz".

Para apoyar su argumento, De la Encina afirmó que en los últimos tres años "se han dado de manera directa a la provincia de Cádiz 458 millones en ayudas (127, en 2009; 164 más, en 2010; y 161 este año)". Eso ha generado, dijo De la Encina, "unos 3.000 empleos directos en toda la provincia de Cádiz, más los indirectos que suele generar cada puesto de trabajo creado. Además, todo esto ha generado una inversión inducida de 1.833 millones de euros. No hay otra administración capaz de llevar a cabo una inversión así, de tanto calado".

El diputado socialista añadió que este tipo de ayudas ha beneficiado en este periodo a "cerca de 400 proyectos empresariales, el 80% de pymes" y afirmó que "de tantas empresas puede que haya alguna que no cumpla; si ha existido un desvío o mal uso de un sólo euro, que se investigue hasta las últimas consecuencias".

De la Encina defendió que las ayudas de la Orden de Reindustrialización "han sido el instrumento más eficaz para las iniciativas empresariales en la provincia de Cádiz" y, por eso, criticó que el PP haya anunciado llevar el conjunto de estas subvenciones a Fiscalía. "Que hablen de corrupción es una barbaridad, y tratar de culpar de todo a una sola persona -en alusión al gerente de Bahía Competitiva, Antonio Perales-, también, porque esto tiene un procedimiento reglado y es el Ministerio el que decide".

También, insistió en un aspecto: "Fueron los empresarios los que, de forma insistente, me pidieron que se eliminaran los avales para conceder ayudas, y así se hizo. Los avales eran la única garantía que tenía el Ministerio para que no se le escapara nada. Igual quien gobierne a raíz de las próximas elecciones generales decide volver a pedir avales, y eso hace que se reduzca mucho el número de proyectos y, por tanto, de subvenciones concedidas a nuestra provincia".