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Provincia de Cádiz

El PP pide que vigilantes jurados protejan a las víctimas de malos tratos

  • Antonio Sanz cree que la violencia machista "no se erradica con un ministerio, sino con más agentes, juzgados especiales, centros de emergencia y casas de acogida"

Durante 2007, unas 400 mujeres víctimas de malos tratos cursaron en la provincia 1.048 denuncias contra sus agresores, que motivaron dictámenes judiciales de 1.016 órdenes de alejamiento. Sólo cuarenta de las primeras recibieron atención en un centro de emergencia, únicamente treinta encontraron amparo en una casa de acogida y nada más que tres tuvieron acceso a un piso tutelado.

Para colmo, la mayor parte de las denunciantes consideradas de alto riesgo apenas si reciben una llamada policial cada dos o tres días para saber cómo están: las víctimas catalogadas de medio y bajo riesgo sólo tienen noticia de la Policía o la Guardia Civil cada 15 o 20 días y cada dos o tres meses, respectivamente. En los últimos siete años, nueve no pudieron contarlo. Murieron a manos de sus agresores.

La anterior es, según Antonio Sanz, secretario general del Partido Popular de Andalucía, la insostenible situación que viven las víctimas de la violencia machista en la provincia de Cádiz y en el resto de la comunidad autónoma. Ayer Sanz informó a los periodistas en Cádiz de una proposición no de ley presentada con carácter urgente en el Parlamento andaluz, "rechazada por la mayoría del Partido Socialista", mediante la que el PP reclamó un Plan de seguridad personal para las víctimas de la violencia de género que.

Al amparo de la ley ya existente, el documento propone que se dote de medios suficientes a la Guardia Civil y a la Policía Nacional en materia de protección de las mujeres amenazadas: 675 y 300 agentes más, respectivamente. Pero lo más novedoso, al menos en la comunidad autónoma, es que el plan también reclama, y no como alternativa, sino como complemento, el uso de vigilantes jurados de agencias de seguridad privada para garantizar en todo momento la protección de las víctimas. Según explicó Sanz, se trata esta última de una medida que ya se ha puesto en marcha con éxito en el País Vasco.

"La seguridad de las mujeres agredidas y amenazadas no se consigue con un ministerio, sino con la dotación de más agentes, aunque sean privados, de más centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados y de más juzgados contra la violencia de género", dijo Sanz.

En este punto, el dirigente popular aprovechó para exigir la creación de "los doce juzgados específicos que faltan en la provincia de los catorce que se prometieron, porque sólo tenemos constancia de dos, uno en Jerez y otro en Algeciras. Cádiz sigue siendo la única capital andaluza que no dispone de uno".

Tras el "fracaso" de la proposición no de ley en el Parlamento andaluz, Sanz anunció que el PP va a presentar mociones en los Ayuntamientos para que insten a la Junta a la aprobación de este plan de seguridad.

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