Provincia de Cádiz

El PP pide ayudas públicas para poder acceder a hipotecas

  • Loaiza no comparte los criterios de la Ley de Vivienda propuesta por el PSOE

El presidente del Partido Popular de Cádiz y parlamentario andaluz, José Loaiza, mostró ayer el compromiso de su partido con los gaditanos de "garantizar el derecho a la vivienda por ley" y abogó por una normativa que, acompañada de los recursos necesarios, resuelva los "verdaderos problemas que tienen los ciudadanos para acceder a la vivienda, haga de la vivienda pública una auténtica política social y solucione la actual parálisis del sector inmobiliario que está asfixiando a buena parte del tejido empresarial andaluz".

A través de un comunicado, Loaizarechazó la Ley del Derecho a la Vivienda planteada por el PSOE porque, según explicó, "no da respuesta a la problemática social al no garantizar la financiación necesaria y al eximir a la Junta de su responsabilidad y competencia exclusiva en materia de vivienda". El dirigente popular consideró "imprescindible" que la Ley recoja de forma detallada la responsabilidad de la Junta de Andalucía en la financiación de las VPO "con el objetivo de garantizar las ayudas públicas para que los adjudicatarios puedan acceder a las hipotecas y evitar reducciones del presupuesto en materia de vivienda según criterios de disponibilidad, estableciendo una cantidad mínima intocable".

Explicó que, con el modelo socialista, "no se garantiza una partida fija para la construcción, pudiendo producirse recortes como en el Presupuesto de 2010 donde la consignación para construir nuevas VPO se ha reducido un 18%". Asimismo, agregó que si no se garantizan por Ley las ayudas públicas, "los compradores seguirán teniendo problemas para obtener las hipotecas". Como ejemplo, señaló que se han contabilizado "casi un centenar de casos en la Bahía de Cádiz, en los que los adjudicatarios han tenido que renunciar a las viviendas por falta de respaldo financiero".

José Loaiza también criticó que la Junta delegue en los ayuntamientos unas competencias en materia de vivienda "que son propias y exclusivas según el Estatuto de Autonomía y lo haga sin una aceptación previa y sin recursos, lo que constituye una muestra más de deslealtad institucional".

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