El PA ha manifestado que el decreto de la Junta de Andalucía relativo a la regularización de las casas ilegales "no exime al Gobierno municipal de cumplir con el deber de dotar de servicios tan elementales como la luz , el agua y el alcantarillado a las familias de las más de 6.000 viviendas irregulares que hay en Sanlúcar".

Según su portavoz, Antonio Prats, dicha norma autonómica "no implica que haya que legalizar estas viviendas, aunque sí es verdad que debería llevarse a cabo su regularización en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)". El concejal andalucista aclaró al respecto que la dotación de tales servicios "además de no implicar la legalización de las viviendas, tampoco supone la concesión de licencias ni que sus propietarios no tengan que pagar los costes de urbanización ni la cesión de suelo".

El PA planteará esta propuesta al Pleno del Ayuntamiento esperando obtener "una respuesta positiva" del Gobierno PSOE-CIS. Prats aseguró que "no se trata de una propuesta demagógica, como dice la alcaldesa, Irene García, sino una propuesta encaminada a solucionar el problema que tienen cientos de familias de Sanlúcar". De acuerdo con la versión del portavoz andalucista, "aunque el decreto de la Junta se aprobó hace ya más de diez meses, el Ayuntamiento no ha hecho nada por arreglar esta situación, a pesar de que hay tantas familias afectadas que tienen que utilizar motores para poder contar con estos servicios tan básicos". "Cuando han pasado las elecciones municipales y autonómicas se han olvidado de dar una solución a este problema", apostilló.

Por otro lado, Prats se quejó de que "a pesar de los grandes costes que conlleva mantener la Gerencia Municipal de Urbanismo, con una gerente muy bien pagada, la plantilla está paralizada por la falta de trabajo". De ahí que, en su opinión, el personal de este organismo autónomo del Ayuntamiento "puede ser aprovechado para gestionar la dotación de estos servicios a las viviendas irregulares". El concejal del PA criticó, igualmente, que el consejo de la Gerencia "no se reúne desde el pasado mes de mayo, pese a que debe hacerlo mensualmente para tratar asuntos como éste".