El 28 de noviembre de 2005 se firmaba en el Palacio de Miraflores, en Caracas, un acuerdo que se antojaba histórico y que finalmente ha demostrado serlo. Navantia (y también EADS-CASA, aunque esta última con más problemas por la vinculación con EEUU de algunos de los elementos que llevarían los aviones) suscribían con el Gobierno de Venezuela un acuerdo por el que los astilleros gaditanos construirían ocho barcos para la Armada bolivariana. Entonces, el ministro de Defensa, José Bono, explicó que la inversión de dicho contrato sería de 1.300 millones de euros y trabajo para seis años.

Hoy, cuando en los astilleros gaditanos sólo queda la sombra del paso de Venezuela por sus diques, la realidad dice que se crearon alrededor de 12.000 puestos de trabajo entre las plantillas de los centros de trabajo de Navantia en Cádiz, Puerto Real y San Fernando, más la industria auxiliar, la gran beneficiada de aquél acuerdo. En la Bahía de Cádiz, concretamente entre San Fernando y Puerto Real, se construyeron cuatro Buques de Vigilancia Litoral (BVL) y otros cuatro Patrulleros Oceánicos de Vigilancia de la Zona Económica Exclusiva (Povzee), aunque uno de estos últimos aún aguarda su culminación en un astillero venezolano. 

La relación entre ambos países llegó a tal punto que los mandos encargados de llevar a buen puerto la misión se quedaron a vivir en la comarca: alquilaron viviendas, se mezclaron con la sociedad gaditana. Incluso, uno de los talleres con más solera de Navantia Puerto Real fue rehabilitado y adecuado para que los ingenieros y militares venezolanos tuvieran allí su cuartel general. La relación era sólida. Tanto que, en uno de esos talleres rehabilitados, se realizó un emotivo acto de homenaje a la tripulación del último buque que salió de las entrañas de Puerto Real (en la imagen superior).

Precisamente, en la entrega del último barco por parte del astillero puertorrealeño a la Armada venezolana, el embajador de este país en España entregó una medalla al que fuera alcalde de este municipio, José Antonio Barroso (IU), en lugar de a la actual regidora, Maribel Peinado (PA). Con él se produjo el acuerdo y el propio Barroso no paró de proclamar que haría de interlocutor entre los gobiernos de ambos países, si así lo autorizaban, para conseguir más barcos.

Lo cierto es que, en más de una ocasión, se ha reclamado apoyo político desde los sindicatos que representan a las plantillas de los astilleros gaditanos para conseguir que cuajen nuevos contratos. Más en este caso. La llegada al Gobierno central del Partido Popular enfrió esa relación.

Pero la muerte de Hugo Chávez ha dejado todo en el aire. Hasta que la enfermedad del presidente entró en su fase final, Navantia y el Gobierno español estaban tratando de conseguir que el Ejecutivo bolivariano aceptara la participación de la empresa española de construcción naval en el ciclo de vida de los buques que salieron de la Bahía de Cádiz.

Pero habrá que esperar, de momento, a que se constituya un nuevo Gobierno y a que, una vez constituido, el sucesor de Chávez decida mantener una línea continuista con los intereses españoles y, particularmente, gaditanos. Serán meses de espera.