En el juzgado número uno de Barbate será donde se determine el grado de responsabilidad de los tres miembros de la anterior cúpula del PSOE de Vejer y del técnico municipal que han sido acusados por la Guardia Civil de haber presuntamente extorsionado a la dirección de un hotel para que abonase, con diversas obras en el municipio, la utilización de las canalizaciones de una calle para evitar levantarla y llevar por sus conducciones el tendido eléctrico desde el centro de transformación a esas instalaciones hoteleras.

El ex alcalde, Antonio Jesús Verdú ha salido en defensa de su entonces concejal de Obras Públicas, Francisco Javier Gavira y ha anunciado la presentación de diversas querellas para limpiar el honor de todos los que se han visto señalados en la denuncia.

Mientras el ex edil de Urbanismo y anterior cabeza de lista del PSOE, Antonio Muñoz Rodríguez ha apuntado que "debe ser el juzgado quien determine unas imputaciones que aún no están realizadas".

Antonio Muñoz aseguraba ayer, que "el juez todavía no ha imputado a nadie. Yo entiendo que ni siquiera yo y otra persona no pintamos absolutamente nada en este sumario, y lo único que yo he entendido es que hay una persona que denuncia porque no está de acuerdo con el pago de un precio público y tiene que pagarlo".

Así las cosas, Muñoz cree que "esa persona se vio obligada a pagar un precio público como hacen todos los ciudadanos y ahí lo único que podría verse es si el precio público que ha pagado esta señora, lo ha pagado correctamente o no se ha pagado bien, eso lo tendrá que decir el juez en su día, pero de aquí a que haya extorsión, cuando una persona libremente ha hecho un pago y que haya cohecho cuando nadie se ha llevado dinero, ni nada absolutamente, y se implique al que actualmente es portavoz municipal del Partido Socialista, tiene tintes políticos".

Mientras que Muñoz asegura que detrás de este asunto hay una trama política que pretendía salpicar las elecciones del 22 de mayo, el edil de Izquierda Unida, José Antonio Bello, que fue el que presentó la documentación de una particular ante la Fiscalía Anticorrupción en 2008, ha explicado la cronología de estos hechos.

José Antonio Bello, manifestaba que "recibió la llamada de un vecino de Vejer para que viese una documentación que tenía, y que le parecía que contenía alguna irregularidad". Tras recibir copia de la documentación y llevarla al servicio jurídico de Izquierda Unida en Cádiz, se le aconseja entregarla en el Juzgado ante la Fiscal Anticorrupción que le toma declaración en el año 2008".

Dos años después, en 2010, Bello apunta que recibe una citación del Juzgado de Barbate en el que le pregunta si se ratifica en su planteamiento y en la documentación presentada, a lo que expone que "yo soy mero intermediario entre el llamamiento y el auxilio de esta ciudadana de Vejer y que me ratifico en que la documentación que aporto es esa y que se la aporto a ellos por si ven algún tipo de responsabilidad penal de algún tipo, pues que lo investiguen".

Bello expone que "su sorpresa ha sido que esto ha saltado ahora en 2011, después de varios años en los juzgados". Así declara que "posicionamiento político por su parte no hay ninguno, porque la cuestión salta a la prensa después de haberse celebrado elecciones y donde ha habido un ganador, si yo hubiese querido aprovecharme de alguna circunstancia de este tema, lo hubiese sacado a la luz pública antes de celebrarse las elecciones".