Los puertos canalizan el 86% de las importaciones y el 60% de las exportaciones de un país.

Paralizar un puerto significa paralizar la economía de un país.

Decir esto no es magnificar el potencial de un sector, el de transporte de mercancías por mar, sino que es una afirmación que se ajusta plenamente a la realidad.

Dentro de la actividad portuaria, el sector de la estiba (carga y descarga de mercancías) ha tenido históricamente el poder de paralizar la actividad de un puerto.

En consecuencia, la batalla en los puertos españoles parece inevitable, ya que el sindicato mayoritario en la estiba en España, Coordinadora de Trabajadores del Mar, ha anunciado movilizaciones en todos sus puertos para mediados de febrero contra la reforma del sector que ultima, a golpe de decreto, el Ministerio de Fomento. Con este cambio, el PP busca romper lo que desde el Gobierno se califica de "monopolio" que este colectivo de 6.150 trabajadores tienen de la actividad de estiba, básica para el funcionamiento del transporte marítimo de mercancías.

Es momento para recordar que este conflicto no influirá en la misma medida en puertos como los de Algeciras o Valencia o como el de Cádiz. En el caso de Algeciras, el número de personas dedicada a la estiba supera las 1.800, mientras que en el puerto de la Bahía de Cádiz, este colectivo no llega ni al medio centenar.

El trasfondo del conflicto está en una sentencia emitida hace ya tres años desde Bruselas, donde consideraban ilegal el sistema de la estiba establecido en los puertos españoles. Desde la UE se le ha impuesto al Reino de España una multa que supera los 21 millones de Euros. El vacío de poder en el Gobierno español durante casi un año impidió plantarle cara a este problema con la urgencia que realmente tenía, de manera que se ha ido prolongando en el tiempo tanto el conflicto en sí como la cuantía de la multa.

Ahora, el Gobierno, tras retomar los contactos con Aneco, la patronal de la estiba, y con Coordinadora, la reacción ha sorprendido a todos de manera negativa.

El ministerio de Fomento prepara un decreto ley para la liberalización de la estiba en los puertos españoles que sí cumpla con las exigencias de Europa.

A día de hoy las empresas estibadores están obligadas a inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) y, además, participar de ésta económicamente, de manera que las empresas que quieren operar en un puerto están obligadas a contratar sólo a los trabajadores de estas Sagep. Esta situación de "monopolio", según la UE, incumple la normativa europea de contratación.

La implantación del sistema que ahora se cocina en Fomento conllevará un cambio tan radical como que significará borrón y cuenta nueva y una profunda reorganización en el seno de todos los puertos.

Los estibadores saben que este apocalíptico decreto pondrá fin a su profesión tal y como hoy se conoce. Por ello, los estibadores de los puertos han anunciado movilizaciones en contra de esta reforma. Aún les queda la esperanza de que la falta de mayoría absoluta en el Congreso se lo pondrá complicado al Partido Popular para sacar adelante este decreto sin contar con otros apoyos parlamentarios.

Ahí es donde ahora mismo trabajan los estibadores de puertos como el de Cádiz, donde ayer ya iniciaron contactos políticos con la Junta de Andalucía, con la propia Autoridad Portuaria de la Bahía y con el Ayuntamiento de Cádiz, donde encontraron el apoyo sin fisuras del alcalde gaditano José María González.