La Asociación de Ayuda a Drogodependientes Mará emitió ayer un comunicado en el que niegan la versión municipal de los sucesos que obligaron el jueves a celebrar a puerta cerrada el pleno del mes de febrero. Ante las protestas de los miembros de Mará en demanda de la deuda que el Ayuntamiento mantiene con el colectivo, el alcalde ordenó a la Policía Local que los desalojaran del salón de plenos y decidió celebrar la sesión a puerta cerrada, sin la presencia de la oposición, que también abandonó las dependencias. José Antonio Barroso hizo un relato de "gritos, insultos y riesgo de confrontación física" y anunció que emprenderá acciones judiciales por la vía de lo penal contra sus responsables porque pudo haberse cometido el delito de conculcar un derecho democrático como el de la celebración de un pleno.

En su escrito, Mará cuenta que, como había solicitado a través del Registro Municipal, unos 60 miembros del colectivo acudieron al salón de plenos. Que antes de abrirse la sesión, el presidente de la cámara, el alcalde, le concedió la palabra a la presidenta de la entidad social, quien le recordó al regidor que las protestas de Mará se debían a que el Ayuntamiento estaba "incumpliendo sistemáticamente todos los compromisos contraídos para mantener los programas terapéuticos destinados a atender a los colectivos en grave riego de exclusión social, como son los drogodependientes y los Presos".

Esos "incumplimientos" -relató Carmen Dorado- los encabeza una deuda de 55.000 euros correspondientes a los convenios de los años 2009 y 2010, que tiene sin liquidez a la tesorería de la asociación desde el pasado mes de noviembre. "Esa deuda ha hecho -dijo- que los técnicos de Mará no cobren sus nóminas desde dicho mes, que servicios como el transporte a las cárceles para trasladar a internos que se beneficien de los programas terapéuticos matinales hayan sido interrumpidos, que los proveedores de Mará tampoco cobren y que la Seguridad Social de los últimos meses la estén abonando los voluntarios".

También expuso la presidenta de la asociación que el alcalde "no está respetando el convenio suscrito en el año 2009 ni el acuerdo unánime de la Corporación Municipal del 4 de noviembre, ni tan siquiera sus propias promesas del día 02 de diciembre".

Carmen Dorado recordó que "las subvenciones a Mará, ni son espontáneas ni gratuitas, que proceden de 1993, cuando en Puerto Real llegaron a morir hasta 5 jóvenes en poco mas de un mes. Las sustancias que se consumían sólo tenían un 17% de pureza. El resto eran otros componentes añadidos por traficantes sin escrúpulos. Los toxicómanos limpiaban las jeringuillas en la fuente del Porvenir o en el charco más próximo para pasársela unos a otros. Como consecuencia de aquel consumo incontrolado murieron en Puerto Real decenas de personas".

"Ante aquella caótica situación -continúa-, el señor Barroso no supo reaccionar. Fue Cáritas Diocesana quién propuso un plan de actuación invirtiendo más de 30 millones de pesetas en los recursos asistenciales. Entonces, el equipo de gobierno de Barroso aprobó aquel plan y se comprometió a mantenerlo con una aportación anual".

Mará alegó que tanto el colectivo como su presidenta "han venido incrementando el patrimonio municipal mediante la restauración de los talleres ocupacionales, la construcción de una vivienda de reinserción, de los servicios del recinto ferial, del centro social de la Asociación Tres Pinos y de la restauración de los escaños del salón de Plenos, adquirido por la Corporación Municipal del año 1928, que Barroso había tirado a la basura".

A lo anterior añadió que "la Asociación Mará viene atendiendo en su Red de Recursos Asistenciales a más de 500 usuarios al año". Y que el hecho de que "el 80% de los presos están en las cárceles como consecuencia de las drogodependencias, entre ellos bastantes jóvenes de Puerto Real".

El colectivo reconoce en el escrito que la presidenta de Mará acusó al equipo municipal de gobierno de "ser el peor enemigo de la asociación y le recordó que las políticas sociales vienen determinadas por la Constitución Española, las Leyes Estatales y Autonómicas y no pueden estar supeditadas a los criterios eventuales de concejales ineptos".

También admite que la intervención de Carmen Dorado fue acogida "con una sonora ovación sostenida sobre pasquines en los que se podía leer: 'Ni droga, ni prisión, Mará es la solución' y que ante las evasivas de Barroso, esta frase fue coreada, así como también: 'Barroso paga ya y deja de engañar'".

"Ante esta situación -continúa el colectivo- el alcalde se retiró a su despacho convocando a los portavoces y a miembros de la Policía Local. El Pleno estuvo suspendido en torno a 35 minutos . La Policía Municipal invitó a los miembros de Mará a desalojar la sala, invitación que fue atendida sin dilación alguna y ordenadamente. Ya en la calle, cuando prácticamente el grupo se había disuelto, un policía local solicitó el carnet de identidad a la presidenta de Mará".

Por último, la asociación dice que "el señor Barroso Toledo, ignorando sus orígenes, en vez de buscar soluciones consensuadas, decidió iniciar la vía represiva ordenando el inicio de diligencias contra los responsables de Mará", quienes han anunciado que todos los miembros del colectivo "se autoinculparán ante cualquier denuncia y que si se producen multas, colocarán mesas petitorias en la calles de la Plaza para abonarlas".