Afectados trasvase

Luces y una sombra tras 20 años del trasvase Guadiaro-Majaceite

  • Esta infraestructura garantiza el suministro de agua a un millón de personas. Un grupo de vecinos de Ubrique denuncia los perjuicios que la obra ha supuesto para sus fincas

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Hace poco más de 25 años abrir el grifo y no salir ni una gota de agua en época estival a causa de la sequía formaba parte del imaginario de esta provincia. Las restricciones y los cortes traían perjuicio a un sector turístico que luchaba por hacerse un hueco de peso en la oferta nacional. Hoy, esa imagen de camiones cisternas en calles para auxiliar a vecinos o los cumplimientos de horarios a rajatabla en limpieza y duchas en las casas para aprovechar las horas de suministro forman parte de un pasado no tan lejano. En todo esto tiene que ver una infraestructura crucial para el abastecimiento de la zona gaditana como ha sido el trasvase Guadiaro-Majaceite, una obra que cumple 20 años y que ha sido de vital importancia para el desarrollo de la Bahía de Cádiz y de otro municipios del interior, además de industrias de la provincia.

Considerado el primer trasvase de Andalucía, esta infraestructura que transfiere agua de la Cuenca del río Guadiaro a la Cuenca del río Guadalete, con el embalse de los Hurones como protagonista, que da de beber a casi un millón de personas y que garantiza las reservas de Guadalcacín II, se acerca a su vigésimo aniversario (la Comisión de Explotación arrancó en octubre de 1999) cargado de luces por garantizar el suministro, pero también con alguna sombra para casi un centenar y medio de vecinos de Ubrique, propietarios de fincas cercanas a la zona del desagüe natural en el embalse de los Hurones. Estos afectados por el trasvase constituidos en la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y del Arroyo Barrida, con 148 inscritos, llevan 10 años luchando para que la administración autonómica haga medidas correctoras que palien la erosión que ha dejado en todo este tiempo la acción del trasvase unido a los caudales, que ha desdibujado los accesos a sus explotaciones, ha arrancado pasarelas, borrado vías pecuarias, calzadas, senderos y les ha cambiado su manera de vivir.

Y hay un punto de inflexión para todos ellos que fue la noche del 24 de diciembre de 2009, cuando confluyó un enorme caudal de los ríos mencionados fruto de lluvias torrenciales, que corresponden a un retorno de 85 años y un caudal de 350 metros cúbicos por segundo, con la apertura del trasvase ese día a pleno rendimiento, soltando casi 30 metros cúbicos por segundo que originó “un desbordamiento nunca visto con anterioridad, que derribó no menos de 2.000 árboles, socavó las márgenes, hubo incisión en el lecho o el depósito de ingentes cantidades de materiales en las cercanía de los Hurones” , según reconoce un informe de la Junta de Andalucía, con fecha de abril de 2019. Un documento que viene a decir lo que ellos, los afectados propietarios de las explotaciones cercanas, llevan reclamando por activa y por pasiva: que hubo daños por aquella confluencia y que sigue habiendo por los sucesivos trasvase y que es necesario que se invierta en el dominio público hidráulico para evitar más pérdidas materiales, ambientales y patrimoniales.

“Tenían que haber acondicionado el cauce antes de hacer el trasvase. Tengo la finca en la vega del Portón, en la Yesera. Esa es la boca del pantano de los Hurones, donde desagua el arroyo Barrida, el arroyo Seco y el río Majaceite. En los últimos nueve años no tengo finca cuando abren el trasvase. Hasta cuatro meses ha estado abierto en alguna ocasión. Mi familia y otras ocho más no tenemos acceso. Hemos tenido que quitar el ganado. Yo, por ejemplo, caballos. Hemos repuesto hasta tres veces la pasarela de entrada y el trasvase se la lleva. Y nadie nos la repone. Llevamos nueve años sin poder acceder en condiciones, solo en verano. Si está lloviendo te tienes que ir al pueblo por miedo a quedarte incomunicado. Los más mayores se han ido de aquí. La gente se va por el miedo a que te coja el agua”, explica Juan Antonio Olmedo Avelino, presidente de la Asociación de Vecinos.

El colectivo dice que está harto de denunciar los efectos del trasvase unido a las avenidas de agua. Por ejemplo, el año pasado cuando en primavera subió el caudal por la lluvia con “14 puntos de daños significativos como socavones, deslizamientos, caídas de árboles, puentes obstruidos erosiones en las orillas y destrozos de camino”, recoge el mencionado informe del Servicio de Dominio Público y Calidad del Agua de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Así, las cosas el conservacionista de Ubrique, José Arroyo, que preside la organización ecologista Tamal, y como portavoz del colectivo afectado reclama a la Junta que parte de los beneficios del canon que cobra a las 18 poblaciones beneficiarias del trasvase y a un buen número de industrias, que también dependen de él, revierta en la mejora de los cauces y del dominio público hidráulico. “Pedimos que si hay dinero con una cuota que pagan ciudadanos, empresas, y hasta el Ejército, que se destine una cantidad para ir arreglando ese dominio público. Lo que se mejore ahora va a evitar en un futuro males mayores. No estamos en contra del trasvase. Lo que queremos son infraestructuras sostenibles y necesarias para el aprovechamiento de esa agua que sean compatibles con el desarrollo de la zona. Estos vecinos están perjudicados porque el dominio público hidráulico ha desaparecido. No pueden acceder a sus fincas porque ya no hay caminos ni calzadas fruto de la erosión constante”, describe el portavoz de los afectados.

Para el ejercicio de 2019, ese canon se estima en 1,8 millones de euros. Están obligados a pagarlo Alcalá de los Gazules, Algar, la barriada rural de Jédula (Arcos), Cádiz, Conil, Chiclana, Chipiona, Jerez, Medina, Paterna de la Rivera, Puerto Real, Puerto de Santa María, Rita, San Fernando, Sanlúcar, Trebujena, Vejer y Barbate. También pagan canon empresas u organismos como la central térmica de Arcos, Navantia, la Base Naval americana, la Marina Española en Rota, entre otros.El trasvase entró exactamente en funcionamiento el 27 de noviembre de 2000, tras siete años de obras, que costaron sobre 9 mil millones de las antiguas pesetas. Contó con el rechazo del movimiento ecologista en el Campo de Gibraltar y en la Sierra. La compuerta de entrada del río Guadiaro se sitúa en Cortes de la Frontera (Málaga) y conecta a través de un túnel de 12 metros, y 4,20 de diámetro, con la cuenca del Majaceite. La salida del túnel se encuentra en el caudal de Garganta de Barrida, que desemboca en el río Ubrique, afluente del Majaceite, y finalmente en el embalse de los Hurones.

Los vecinos de la parte de Ubrique, afincados en los márgenes del tramo natural de desagüe, se quejan de que cuando se trasvasa agua no tienen mecanismos para saberlo y a más de uno la crecida lo ha sorprendido por los caminos para llegar a las explotaciones. “Más de una vez nos ha cogido dentro del coche sin saber qué hacer. Hasta que un día pase una desgracia”, explica otro propietario de finca afectado. El portavoz de ellos, José Arroyo, sostiene que “la gente del río sabe vivir con el río. Cuando se abre el trasvase, esta gente está en sus casas y nadie les avisa. Por eso demandamos que se cree un protocolo para que los vecinos estén informados cuando llegue el agua, con sensores y mecanismos de medición para ver si hay un caudal de emergencia, que nos daría tiempo a avisar para decir que no abran el trasvase para no ponernos en situación de riesgo”, explica.

José Arroyo ha mantenido ya una reunión con cargos de la Junta para trasladar las demandas de estos vecinos. “A algunos los expropiaron a la bulla y mal pagados. A otros no nos expropiaron, pero como si lo fuera porque nuestros terrenos, a algún vecino hasta 10.000 metros de su finca, se los ha comido el río”, denuncia otro propietario. Y ponen como ejemplo que no sólo las riberas y cauce se han visto afectados. También el patrimonio cultural está en jaque como el puente del Realejo, acequias y senderos que la gente antes disfrutaba.

Por eso quieren que las dos direcciones generales con competencias en la materia dependientes de la Junta de Andalucía atiendan sus peticiones para la regeneración de la zona y la creación de mecanismos que garanticen la seguridad de los vecinos que viven cerca de esta infraestructura.

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