Tienen claro que es preciso cuanto antes acometer reformas legales para poner coto a la proliferación de irregularidades urbanísticas. "La Ley debería dejarlo todo más claro", apunta uno de los agentes contra la delincuencia del ladrillo. Y lo hace con propiedad, dominando la materia. Y es que, a su juicio, sería fácil en primer término acabar con los casos fraudulentos de obra nueva, la extendida práctica de emitir certificados falsos de antigüedad que la macro operación de Chiclana del mismo nombre ha sacado a la luz. "La ley dice que estos casos sólo pueden darse con licencia municipal, con declaración de necesariedad o a través del certificado de un técnico. Debiera excluirse esta última posibilidad, que no lo haga un técnico, sino un funcionario público", mucho más perseguido penalmente.

Para controlar mejor las escrituras en Notaría a y las inscripciones en el Registro, sostienen que la Ley "debiera ser menos ambigua", y prohibir por ejemplo de forma taxativa a notarios y registradores autorizar escrituras e inscribir respectivamente ante síntomas reveladores de una posible irregularidad, como es el caso de la división horizontal. No dejarles que lo hagan con una mera notificación al Ayuntamiento de turno.

También se suman a una reivindicación del fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, de los últimos tiempos. Desde que tenía a su cargo sólo Cádiz y también ahora al frente de los fiscales de Andalucía: mayor rigurosidad en el Código Penal contra la prevaricación. Tanto omisiva como permisiva.

Así consideran que sería más fácil atajar las ilegalidades que permiten a los especuladores ganar mucho dinero a cuenta de "muchos dramas personales". Con los que se han topado, protagonizados por "familias que se encuentran anímicamente muy mal, que se han comprado con ilusión el chalecito y se enfrentan a una detención". El perfil medio; parejas jóvenes que han comprado el paquete con hipoteca incluida.