Dos hermanos y empresarios ya condenados por desviar 1,2 millones de euros de una subvención del Gobierno han vuelto a ser enjuiciados por supuestamente quedarse 990.000 euros de préstamos concedidos para montar ocho huertos solares, aunque ambos lo han negado y han asegurado que no siguieron "ningún plan".

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha empezado a juzgar a Manuel y Luis Miguel B.G., dos promotores que el pasado 9 de febrero fueron condenados por la Sección Séptima a dos años y medio de cárcel por desviar a su "patrimonio particular" la mayor parte de una subvención que el Ministerio de Industria les otorgó para un proyecto industrial en la Bahía de Cádiz.

Según esa sentencia, que no es firme, también deberán indemnizar al Estado con 935.454,53 euros entre ambos y la empresa que recibió la subvención, Pinturas Aéreas Bahía de Cádiz, que a su vez tendrá que abonar una multa de 1,2 millones.

En el caso juzgado este martes, la Fiscalía pide cinco años de prisión para cada uno por un delito de apropiación indebida al considerar que se quedaron 987.339 euros pertenecientes a las ocho sociedades que constituyeron en 2006 para desarrollar otros tantos huertos solares en el término municipal de Salteras (Sevilla), denominadas Planta Energía Solar Olivares (PESO) de la I a la VIII.

Según el escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Efe, ambos eran administradores de Profinsur y en abril de 2008 firmaron un contrato con la empresa Aditel para que construyese las plantas y ocho pólizas con un banco que les prestó 4.010.279 euros.

El "incumplimiento" en el calendario de pagos de los préstamos hizo que los hermanos y Aditel firmasen el 8 de agosto de 2008 una modificación del contrato en virtud de la cual se constituía una prenda sobre las participaciones sociales de las ocho sociedades para así "garantizar el pago de la deuda pendiente" de Profinsur.

Esta compañía tampoco atendió ese pago, por lo que Aditel ejecutó la prenda y se adjudicó en subasta pública las participaciones de las ocho entidades, además de cesar a los hermanos como administradores.

Según la Fiscalía, los acusados, "a sabiendas de que estaban cesados", continuaron disponiendo de "cantidades dinerarias de las cuentas bancarias" asociadas a las ocho sociedades ya propiedad de Aditel.

Así, entre abril de 2009 y mayo de 2010 ordenaron transferencias, emitieron pagarés que se cargaron a esas cuentas y realizaron disposiciones de efectivo "en interés propio" hasta distraer los 987.339 euros.

En su declaración ante el tribunal, los hermanos han coincidido en que no elaboraron "ningún plan" para desviar esos fondos y que no tuvieron "más remedio" que seguir al frente de los huertos, aun cuando ya no eran administradores de las sociedades, porque Aditel "no terminó" las plantas y "si aquello se quedaba a la intemperie, todo se paraba", según Manuel.

Su hermano ha añadido que aguantaron "hasta el último momento" porque eran los avalistas de las pólizas. "Si había algún impago, iba contra nosotros", ha dicho.

También han denunciado que Aditel todavía les debe dinero y que firmaron con esta entidad porque se lo impuso el banco para concederles los préstamos. "Tuvimos que tragar", ha apostillado Luis Miguel B.G.

"No hay ni un euro que no haya ido a una factura que ampare ese gasto", ha asegurado Manuel.