El sexto Juzgado del Palacio de Justicia de la localidad tendrá que seguir esperando, después de que se conociera el viernes que el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crearán un total de 93 nuevos órganos judiciales en España, entre los que no estará la demandada sexta sala de Chiclana.

Así se anunció por medio de la Delegación del Gobierno, detallando que de los 93 nuevos juzgados que se crearán, un total de 19 será en Andalucía, y tres en la provincia de Cádiz. De estos últimos, uno corresponde al Juzgado de primera instancia número 5 de Algeciras, otro al número 7 de Jerez y el tercero al Juzgado de los Social número 2 de Algeciras.

Así pues, y aunque en la argumentación sobre la elección de los nuevos juzgados se explica que entre los criterios están "las necesidades estructurales de unos juzgados con altas tasas de carga de trabajo", concretando que, respecto a Cádiz, "se ha procedido a crear tres órganos judiciales para paliar la situación de sobrecarga de los juzgados de la provincia que ha puesto de manifiesto el Gobierno regional".

Choca frontalmente esta situación con la que se vive en el Palacio de Justicia de la ciudad desde hace años, colocándose en reiterados ejercicios como uno de los que más sobrecarga de trabajo soporta y en el número de asuntos pendientes de la provincia.

De esta forma, cabe recordar que ya en el año 2013, incluso después de la creación del quinto juzgado, la sobrecarga de trabajo superaba el 150% de la media fijada por el Consejo General del Poder Judicial en cuatro de las cinco salas de estos juzgados.

Por tales motivos, han sido innumerables las veces en las que jueces, funcionarios, técnicos, profesionales y sindicatos del sector han puesto de manifiesto la necesidad de aumentar el número de salas existentes en la localidad, al menos en una más.

En esta línea, se da la circunstancia de que la propia Junta de Andalucía anunció a finales del año 2015 que se había incluido la creación de este sexto órgano en Chiclana en los presupuestos autonómicos del año siguiente, una circunstancia que un año después se descartó de forma definitiva al argumentar la propia Administración regional que había sido el Ministerio de Justicia el que había paralizado la actuación.