Provincia de Cádiz

La Junta retira el recurso presentado contra la sentencia del tranvía

  • Los afectados contra las expropiaciones manifiestan su impotencia e indignación ante la decidida reactivación de los trabajos en el ramal de acceso a la CA-33

La Junta de Andalucía ha retirado el recurso de casación que presentó al Tribunal Supremo contra la doble sentencia del TSJA que que, a raíz de las expropiaciones llevadas cabo en la zona de Montañeses de la Isla, considera nulo el proyecto y todos los trabajos realizados desde septiembre de 2008, fecha en la que se puso en marcha la actuación.

 

La Consejería de Obras Públicas, de esta forma, da marcha atrás en el proceso judicial que, en teoría, obliga a  la paralización de los trabajos del tranvía en el tramo de San Fernando. Las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -ambas de noviembre de 2010- se consideran ahora firmes toda vez que se ha retirado el recurso de casación planteado al Supremo. El proyecto del tranvía es, por tanto, nulo en lo que respecta al tramo comprendido entre el caño Zurraque y La Ardila y las obras, por consiguiente, son ilegales. 

 

Este nuevo giro que ha dado la controvertida situación del tranvía fue desvelado ayer por el abogado que representa a los propietarios afectados por las expropiaciones de la calle Real, José Antonio Gamero. De la decisión adoptada por Obras Públicas -y firmada incluso por la propia consejera, Josefina Cruz- tuvo constancia hace apenas unos días. 

 

La Junta, con esta maniobra, evita un recurso que, sin embargo, no impide la paralización de las obras toda vez que el propio TSJA haya insistido en la misma en reiterados pronunciamientos y, especialmente, tras admitir la ejecución provisional de las dos sentencias de finales del año pasado. 

 

Sin embargo, la aparente parálisis que la obra del tranvía presenta desde hace ya unos meses se ha visto interrumpida desde mediados de esta semana con una decidida reactivación de los trabajos en la mitad del ramal paralelo de acceso a la CA-33 sobre el año de Sancti Petri que todavía está pendiente de ejecución y que, en teoría, también se encuentra afectado por las sentencias del TSJA, que obligan a paralizar toda la actuación en marcha en el tramo que va desde el caño Zurraque hasta la rotonda de La Ardila. 

 

Maquinaria pesada, grandes grúas y numerosos operarios de la empresa adjudicataria se afanan en la colocación de las pesadas vigas que soportarán los tableros de la nueva carretera por la que circulará tanto el tranvía metropolitano como el tráfico rodado. Su ejecución, de hecho, se considera fundamental para que otra importante actuación -la rehabilitación del Sitio Histórico del Puente Zuazo- pueda llevarse a cabo ya que permitirá desplazar toda la circulación hacia el nuevo ramal, logrando así su peatonalización. 

Tanto en la jornada del pasado jueves como ayer la actividad registrada en la zona era incesante. El despliegue -que contrastaba con el parón de las obras de hace unas semanas- llamaba poderosamente la atención. Y despertaba una gran indignación 

 

La reactivación de las obras en el nuevo ramal paralelo al puente Zuazo ha despertado una gran indignación entre los afectados, que ayer manifestaron a este periódico su impotencia ante una situación que les resulta, a todas luces, incomprensible. Han ganado los recursos judidiciales, se han admitido la ejecución provisional de las sentencias que, en teoría, obligan a parar las obras, pero el tranvía sigue en marcha y los trabajos -entienden- se retoman cada vez que la Junta quiere o les conviene. Como ha ocurrido ahora. 

 

Creen además que no hay nada aleatorio en la decisión de la Junta de reanudar estos trabajos y abordar la colocación de las vigas en pleno mes de agosto, en pleno mes vacacional. Consideran que las semanas más inactivas de la temporada estival han brindado a la Administración autonómica una oportunidad de oro para dar un decidido impulso a estos trabajos sin apenas posibilidad de reacción de los afectados por la vía judicial. Por ello, adelantó su abogado, se plantean ahora interponer una querella contra  la propia consejera. 

 

No es normal lo que está  ocurriendo. La Justicia es para todos, también para la Junta", sostiene Francisco Moreno, el hijo del propietario expropiado, que actúa como portavoz de la familia. "No está bien. Se están burlando de todos nosotros".

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