Si la situación de Mará era complicada, ahora se ha vuelto agónica. La Asociación de Ayuda a Drogodependientes y presos tenia pendiente la justificación de unas subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía para la puesta en marcha del programa Andalucía Orienta. Una vez entregada , la Delegación de Empleo ha considerado que Mará no cumplió los objetivos marcados por el plan y debe devolver 60.000 euros de los 10.000 que recibió como subvención. Desde la asociación aseguran que no tienen posibilidades económicas para realizar esta devolución, y más cuando aún tienen pendientes pagos del Ayuntamiento de Puerto Real y del de Cádiz. Precisamente, al conocer esta petición de la Junta, han solicitado a ambos consistorios un reconocimiento de deuda de esas cantidades, por si pudiese servir cono aval ante la Administración autonómica y que ésta no acabe embargando las cuentas de la Asociación. No obstante, esa es solo una de las posibilidades ya que también está pendiente la suspensión de pagos o el aplazamiento de la deuda para hacer la devolución de forma fraccionada.

La Asociación Mará lleva casi un año en silencio. Un año en el que según su nuevo presidente Antonio Romero, "han estado centrados en mantener la asociación a flote".

La realidad de la entidad dista mucho de la que fue hace unos años. Ahora, los servicios que prestan se han reducido a lo mínimo. De hecho, ya no cuentan con servicios como el centro de día, los talleres ocupacionales, la orientación laboral, y ningún proyecto con drogodependientes ni presos. "Sólo mantenemos el piso de reinserción y un programa de prevención de drogas que llevan a cabo en los institutos y que está a punto de finalizar", asegura Romero. Mará, ha sido una víctima más de la crisis, acentuada por los retrasos en los pagos de los convenios y la supresión de estos. Según Antonio Romero. "Aún está pendiente el cobro de parte del convenio que se firmó con el Ayuntamiento en el 2010 y todo el 2011, ya que el último acuerdo con el Consistorio sólo recogía el pago de la luz y el agua y las instalaciones que usamos en el antiguo Instituto Manuel de Falla".

Todos estos problemas económicos también los están sufriendo los pocos trabajadores del centro, que no reciben su salario desde el mes de octubre. Además, el nuevo presidente reconoció que han tenido que "pedir dinero prestado a los propios trabajadores, a los que no se les paga, para poder hacer frente a los pagos de la seguridad social". Son cinco los empleados que han quedado en la entidad: cuatro en el piso de reinserción y uno en la sede. Hasta para despedir a los trabajadores han tenido problemas ya que "no podían hacerlo por no poder afrontar la indemnización por despido".