Ciudadanos residentes en veintiocho municipios gaditanos de menos de 20.000 habitantes con dificultades de acceso económico a la vivienda de renta libre se beneficiarán, de aquí a 2013, de la construcción de al menos 7.688 viviendas de protección oficial. Ayer por la mañana, alcaldes y concejales de veintisiete de ellos -todos los previstos, menos Ubrique- suscribieron en la Diputación, ante Juan Espadas, nuevo consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, el Protocolo Provincial de Vivienda y Suelo. Inmediatamente después, el documento fue rubricado por el presidente de la Institución Provincial, Francisco González Cabaña.

Concertado por la Junta y la Federación de Municipios y Provincias el 13 de diciembre de 2007 y acordada su aplicación a los municipios de menos de 20.000 habitantes el 15 de enero de este año, el Pacto por la Vivienda pretende agilizar la construcción de promociones protegidas con el fin de cumplir con el derecho constitucional y estatutario andaluz de acceso a una vivienda digna. En la actual coyuntura económica, el documento servirá también para incentivar desde la iniciativa pública el sector de la construcción, especialmente castigado por la crisis.

Los municipios firmantes son Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Benalup-Casas Viejas, Benaocaz, Bornos, Castellar, Chipiona, El Bosque, El Gastor, Espera, Grazalema, Jimena y Medina. Completan la lista Olvera, Paterna, Prado del Rey, Puerto Serrano, San José del Valle, Setenil, Tarifa, Torre Alháquime, Trebujena, Vejer, Villaluenga, Villamartín y Zahara de la Sierra. "Los ciudadanos de Ubrique también se beneficiarán de este acuerdo, porque no tienen culpa de lo que decidan sus representantes", dijo José Antonio Barroso, diputado provincial delegado del Área de Vivienda y Suelo.

El cálculo -no definitivo- de las 7.688 viviendas proviene de un primer análisis de la demanda efectuado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía. En cualquier caso, la Diputación se ha comprometido a comunicar a la consejería antes el 30 de junio la demanda real y la programación específica para el periodo 2008-2012. Antes del 31 de mayo tendrán que precisar los suelos aptos en sus respectivos términos municipales. Luego, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) determinará si son viables demandas y programaciones. En todo este proceso participarán las áreas de Vivienda y Suelo y de Asistencia a Municipios de Diputación.

Espadas destacó la relevancia del documento suscrito y recordó que la construcción de vivienda protegida es "una de las grandes prioridades políticas" del Gobierno andaluz.