El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, afirmó ayer que "todo el mundo entiende que la Junta de Andalucía en su día obró de la manera que entendía más favorable para los trabajadores de Delphi y a la situación económico del entorno".

Así se expresó el consejero a raíz de la sentencia emitida días atrás por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la que obliga a la Junta de Andalucía a devolver a un grupo de varios extrabajadores de la planta de Delphi en Puerto Real que se prejubilaron en el año 2010, entre 300 y 450 euros mensuales de sus pensiones de prejubilación.

A pregunta de los periodistas, Ramírez de Arellano señaló ayer que están analizando la sentencia, ver las consecuencias que tiene y "aplicarla, como no puede ser de otra forma". No obstante, insistió en que están analizando la sentencia. Además, tras indicar que se obró de la manera que entendían más favorable para los trabajadores, el consejero afirmó que "con eso en la cabeza", no obstante "siempre hay que respetar las resoluciones judiciales".

No es el único asunto que afecta a los antiguos trabajadores de la multinacional de automoción que cerró en Puerto Real. En este sentido, sigue su causa en los juzgados la demanda interpuesta por el Servicio Estatal Público de Empleo (Sepe) en la que reclama a un nutrido grupo de ex empleados de esta fábrica la devolución de las cantidades que en su día recibieron como prestación por desempleo.

Por otra parte, a eso se suma la resolución reciente de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que anula casi año y medio de cotización a un millar de ex operarios que participaron en cursos de formación.