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Mejora de la seguridad en las carreteras de Cádiz La Junta completa la renovación del servicio de conservación de toda su red viaria provincial

  • Fomento destina 22,5 millones de euros para cuatro contratos que permitirán mejorar la seguridad vial de 1.067 kilómetros de carreteras de Cádiz durante los próximos cuatro años

Una imagen reciente de la carretera autonómica Arcos-Antequera (A-384), a la altura de Algodonales. Una imagen reciente de la carretera autonómica Arcos-Antequera (A-384), a la altura de Algodonales.

Una imagen reciente de la carretera autonómica Arcos-Antequera (A-384), a la altura de Algodonales. / Ramón Aguilar

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha culminado la renovación de los servicios de conservación de la red de carreteras autonómicas en toda la provincia de Cádiz. El departamento que dirige Marifrán Carazo ha adjudicado cuatro contratos de mantenimiento integral de zonas que, según la Administración autonómica, hace un año se encontraban caducados o con riesgo de caducar. Estos nuevos contratos, que se han adjudicado por 22,5 millones de euros, garantizarán la vialidad en los más de 1.067 kilómetros de titularidad autonómica en Cádiz para los próximos cuatro años, con posibilidad de que puedan ser prorrogados uno más. En lo referente al conjunto de Andalucía, se han adjudicado 33 contratos por valor de 179,6 millones de euros que abarcan la totalidad de los 10.500 kilómetros de carreteras cuya titularidad corresponde a la Junta. 

En el desglose aportado por la Junta la provincia queda dividida en cuatro zonas (Noroeste, Suroeste, Norte y Sur) y el importe destinado a cada una de ellas para estos contratos de conservación es muy similar, ya que oscila entre los 5,5 y los 5,8 millones de euros.  

Todos los contratos cerrados en Andalucía generan, siempre según los datos de la Junta, 792 empleos directos (unos 22 puestos de trabajo de media por contrato) a los que hay que sumar los indirectos, cuya estimación apunta a que supera con creces la cifra de empleo directo.

Este proceso se inició hace un año cuando, con la llegada del nuevo Gobierno andaluz, se detectó que la mayoría de los contratos de conservación de las carreteras andaluzas se encontraban en su gran mayoría caducados o a punto de expirar sin posibilidad de fijar una prórroga (32 de 35). Ante esta situación, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio se marcó como prioridad la normalización de estos servicios, que ofrecen una ágil y rápida respuesta las 24 horas del día a las incidencias de la red viaria.

Sólo en 2019 se adjudicaron 24 contratos que permitieron blindar la conservación de más del 70 por ciento de la red viaria de titularidad autonómica por un importe para cuatro años con una prórroga de un año más. El resto de contratos se han cerrado en estos primeros meses de 2020.

Los últimos lotes se han formalizado con posterioridad al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria del Covid-19. Este Real Decreto incluye la interrupción de la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. Sin embargo, la Consejería de Fomento se ha acogido a una de las excepciones y ha dictado una resolución que justifica estos contratos como indispensables para el funcionamiento básico de los servicios, ya que atienden a la necesidad de conservación del dominio público viario y a la garantía de las óptimas condiciones de seguridad de las infraestructuras viarias de Andalucía.

Estos nuevos contratos garantizan la vialidad de las carreteras de la Junta de Andalucía. A estos concursos se han presentado una media de 20 ofertas entre empresas y UTE interesadas. Su puesta en marcha proporcionan una garantía de respuesta a las incidencias que se presenten en la red viaria, como accidentes de tráfico, cortes de carreteras o inclemencias meteorológicas, como las últimas nevadas caídas en vías de Almería, Granada o Jaén.

Las empresas adjudicatarias incluirán la presencia de técnicos, operarios, maquinaria y materiales para la realización de diversas operaciones. Estos contratos, cuya duración será de cuatro años más una opción de ampliación por un año más, mantendrán en buen estado las vías de titularidad autonómica, además de propiciar la generación de empleo directo e indirecto.

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