"Ha sido un año intenso y complicado, en el que hemos demostrado que, conscientes del alejamiento de la gente de la calle, se puede gobernar de otra forma, gobernar de la forma más cercana a lo que la ciudadanía quiere. Ha sido el nuestro un Gobierno activo, dialogante, sensible y firme en su voluntad de afrontar de cara los problemas que provoca la crisis".

Así iniciaba Fernando López Gil, delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, su reflexión sobre el primer año de gobierno autonómico de coalición, PSOE-IU, por lo que respecta a su acción en la provincia. Una valoración totalmente positiva, exenta de cualquier autocrítica y que centralizó en la gestión de la crisis por parte del Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy los grandes problemas sociales que sufren los gaditanos y en cuya solución se ha tenido que volcar la administración regional, dejando para mejores tiempos los grandes proyectos tantas veces prometidos, como la Ciudad de la Justicia o el Hospital Regional, entre otras actuaciones de calado hoy abandonadas por falta de recursos públicos.

"Somos un gobierno sólido, fuerte y estable. Un gobierno de izquierdas donde se anteponen los intereses de los ciudadanos", asumiendo que la provincia, inmersa en una profunda crisis que le ha llevado a una tasa de más del 40% del paro, "necesita un cambio en su modelo económico, pasando de la gran industria a la pequeña y media de alta tecnología, estable y que no se deslocaliza". Una medida que se une a la necesidad de "luchar contra los recortes impuestos por el Partido Popular", siempre manteniendo "los derechos ciudadanos".

Educación, sanidad, servicios sociales, políticas de empleo, colaboración en la solución de conflictos laborales..., en todas estas áreas la Junta ha centrado su política de apoyo a los colectivos más necesitados, según la propia Junta. Por contra, se asume que no se está en condiciones de afrontar proyectos paralizados desde hace cerca de una década. López Gil menciona, a preguntas de este diario, dos de ellos, los más costosos (unos 400 millones de inversión entre ambos). El primero de ellos, la Ciudad de la Justicia, "podría iniciar su construcción de forma inmediata si mañana apareciera una empresa interesada", pero se tiene claro que no va a ser así ya que el proyecto público-privado no ha salido bien parado en otras provincias. "Si la obra se iniciase ahora, ésta se alargaría tres o cuatro años, tiempo suficiente para tener capacidad presupuestaria" para afrontar los pagos a la empresa privada que afrontase la construcción de este complejo.

El segundo caso, el Hospital Regional, lo tiene aún más complicado. "No lo descartamos de cara al futuro, pero hay que reorganizar el proyecto tal y como se plantea". Recuerda que su financiación está vinculada, en su mayor parte, a una operación inmobiliaria ahora imposible de ejecutar por la caída del mercado, lo que lleva a "empezar de cero".

"La situación económica no permite hacerlo", reconoce el delegado de la Junta para quien lo importante en estos momentos es dar un buen servicio sanitario a la ciudadanía "porque la prioridad son las personas".

Otros equipamientos que están en el aire afectan, como los dos anteriores, a proyectos radicados en Cádiz capital. La Junta ya ha planteado al Ayuntamiento de esta ciudad un acuerdo para su desarrollo. La próxima semana ambas partes se sentarán para hablar de ello.

Lo cierto es que el gasto de la Junta está muy ajustado. El propio Fernando López Gil destacaba ayer los planes de austeridad impuestos en el funcionamiento de la administración regional. Sólo en la provincia de Cádiz se han ahorrado en este año 1,9 millones de euros en alquileres o reorganizando edificios oficiales, además de un recorte "drástico" en el uso del parque móvil, además de la supresión de la figura de determinados delegados provinciales.

En cuanto a lo realizado en materia de empleo durante este último año, destacó la apuesta por "la cultura emprendedora como pilar fundamental". En este tiempo se han creado 1.215 empresas y 1.500 empleos, aportando la agencia IDEA 6 millones de euros para 120 proyectos y otros 33 millones de fondos reembolsables. La Junta se ha implicado también en el arreglo de conflictos laborales "evitándose con nuestra mediación 91.000 horas de huelga en la provincia".

Han aportado también 5 millones en el Plan de Empleo Agrario y se ha potenciado la agencia Extenda, de cara al comercio exterior, mencionando el crecimiento en un 30% de las ventas del sector marroquinero en el mundo. En cuanto al plan de choque, se han destinado 48 millones al Plan OLA, con 138 actuaciones que, en su totalidad, deberán de estar en marcha dentro de este ejercicio.

Dentro de los planes económicos, López Gil puso sobre la mesa el proyecto de Las Aletas y la Plataforma Logística. Respecto al primero, se está trabajando en una propuesta para dar una mayor garantía a su desarrollo, que acumula un considerable retraso; en cuanto a la plataforma, reiteró que la Junta ya trabaja en este concepto desde hace años desde una visión regional. Aquí ironizó sobre el proyecto defendido por el PP en la provincia: "Nosotros llevamos años invirtiendo y no sólo con palabras", recordando las expansiones de los puertos de Cádiz y Algeciras y reiterando la necesidad de mejorar la conexión ferroviaria con esta última bahía.

En sanidad, el delegado desgranó una amplia lista de centros de salud que se encuentran en obras así como las negociaciones que se mantienen con el Ministerio de Defensa para el traspaso de la titularidad del Hospital de San Carlos de San Fernando.