El gobierno de Jerez sigue intentando hacer méritos para que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas conceda al Ayuntamiento jerezano un trato especial que le permita hacer frente a su difícil situación financiera. Ayer, presentó públicamente unos números para asegurar que está haciendo los deberes en la reducción de gastos mientras intenta cerrar un acuerdo con Madrid que le permita recuperar los ingresos estatales (la Participación en los Ingresos del Estado, PIE), modificar las condiciones de devolución de los principales préstamos bancarios y fijar un calendario para pagar las deudas con la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social. Ayer, el equipo de gobierno reunió a los grupos de la oposición en la comisión permanente de control y seguimiento presupuestario para mostrarles que en 17 meses el Ayuntamiento de Jerez ha logrado ahorrar unos 23,1 millones de euros gracias a la aplicación del plan de ajuste, un conjunto de medidas aprobado por el pleno municipal en marzo del año pasado para poder acogerse a una línea de crédito para abonar facturas atrasadas a proveedores (la llamada línea ICO). Incluso, aseguró que, a final de año, se podrían superar los 33,5 millones de ahorro neto.

Las medidas son de sobra conocidas como las aplicadas al capítulo de personal, con la aplicación del ERE (Expediente de Regulación de Empleo) con el que se despidieron a 260 empleados, o las modificaciones de las condiciones laborales y salariales de la plantilla. Pero el delegado de Economía, Enrique Espinosa, mencionó otras como la "reestructuración y unificación" de algunos contratos con empresas concesionarias o el incremento de los ingresos municipales por la aplicación del IPC a los impuestos. Por ello, tanto el edil de Economía como el primer teniente de Alcaldía y portavoz del gobierno municipal aseguraron que "se está cumpliendo con el plan de ajuste".

Esta es una de las cartas que el gobierno local ha presentado al gabinete del ministro Cristóbal Montoro para obtener el deseado y anunciado trato especial. Pero no es la única porque la negociación con Hacienda es compleja y con varias aristas. Hace más de un mes la alcaldesa, María José García-Pelayo, apuntó que ha presentado al Ministerio una propuesta para recuperar los ingresos estatales, cuantificados en unos 47 millones de euros. Este dinero iría destinado a pagar a la Seguridad Social y a Hacienda así como a hacer frente a las devoluciones de los préstamos ICO, cuyas condiciones se pretenden flexibilizar (actualmente es una cuantía a devolver en un plazo de 10 años de los que ya se deben más de 17 millones de euros porque no se pagado a ninguna de las amortizaciones). Otro gesto más para Madrid es el compromiso de abonar la deuda inaplazable con la Seguridad Social, fijada en unos 14 millones de euros, en el momento que se autorice esta operación. A pesar de los anuncios realizados en los últimos meses, aún no se ha concretado acuerdo alguno con Hacienda.

Pero, mientras se gesta esta compleja negociación, el Ayuntamiento tiene que apresurarse para poder acogerse antes de que acabe el mes a unas medidas de apoyo a los ayuntamientos con problemas financieros promovidas por el Gobierno central si quiere abonar más facturas a proveedores con una nueva línea de crédito del ICO. Para ello, y según la normativa aprobada por el Consejo de Ministros, el equipo de gobierno deberá revisar su plan de ajuste incluyendo nuevas reducciones de gastos en personal y bienes corrientes y servicios así como elaborar un plan de reequilibrio financiero con las empresas municipales, una circunstancia que también está sobre la mesa de negociación.