El Ministerio del Interior ha defendido la actuación en Cádiz de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la manifestación celebrada el 6 de noviembre por los trabajadores de Navantia en San Fernando y la del día 18 de ese mismo mes en Jerez de la Frontera, por parte de los empleados de Urbaser.

En una respuesta parlamentaria a preguntas de la diputada socialista Mamen Sánchez, el Ministerio señala que en la manifestación de los trabajadores de astilleros concurren circunstancias incumplen la ley que regula el Derecho de Reunión ya que, por un lado, los trabajadores no comunicaron previamente a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz su intención de salir en manifestación hacia la ciudad, cortando a su paso la autovía CA-33, por un periodo de 30 minutos; y, por otro lado, una vez autorizada la marcha, "no se respeta el itinerario acordado".

El Ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz continúa señalando que algunos de los manifestantes protagonizaron "altercados" que "ponen en peligro la seguridad ciudadana y el normal desarrollo de la manifestación, al tratar de provocar destrozos en la sede del PP de San Fernando". Esa actitud "va acompañada de insultos y lanzamiento de piedras y otros objetos contra los agentes presentes, que se ven obligados a dispersar a la multitud con el fin de garantizar el orden y la seguridad de los bienes y de las personas", añade.

Por otro lado, en relación con la actuación policial llevada a cabo el 18 de noviembre en Jerez de la Frontera, el Ministerio defiende que "ante la gravedad de los hechos" de esa misma mañana, cuando un piquete de la empresa Urbaser produce "cuantiosos daños materiales y heridas graves" a un trabajador contratado por la empresa Tragsa, tuvieron que adoptarse "las medidas oportunas de carácter preventivo".

Así, señalan que se toman esas medidas para que "estas actuaciones vuelvan a repetirse", una vez que se diera inicio al dispositivo de acompañamiento y protección del convoy de camiones y palas que procedería a la retirada de la basura acumulada durante más de tres semanas en diferentes zonas de la ciudad, "potenciando la presencia activa en las mismas, protegiendo así a los operarios y maquinaria en sus desplazamientos".

De la misma forma, mantienen que se estableció la "adecuada señalización que evita cualquier tipo de accidente", así como los "controles oportunos" para evitar que las personas concentradas pudieran acceder al lugar donde los operarios trabajaban, "coaccionándolos a través de su grabación en vídeo, la toma de fotografías, llegando incluso a intervenirse barras de hierro".

Por otra parte, el Gobierno niega que en algún momento se impidiera el paso a los vecinos: "A aquellos que quieren transitar a pie, se les indica el lugar adecuado para hacerlo, evitando que puedan ser objeto de alguna agresión, lanzamiento de objeto contundente o ser alcanzados por las maniobras que realiza la maquinaria pesada para la recogida de basura. A los que desean utilizar su vehículo privado, la Policía Local les informa sobre las vías alternativas habilitadas para ello".