El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, señaló ayer que el Ministerio de Interior prevé que el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la desembocadura del Guadalquivir entre en funcionamiento en octubre de este año, después de que el pasado 17 de abril se iniciara la tramitación del expediente para el despliegue fijo del mecanismo.

Durante una comparecencia en comisión en el Congreso, Camacho explicó que la instalación del SIVE conllevará una inversión de 800.000 euros a lo largo de este año, de un total de 10,4 millones que en 2010 se dedicarán a estos sistemas en todo el territorio español. En total, cuantificó en 1,3 millones el despliegue del SIVE en la zona, al haberse destinado en 2009 500.000 euros.

"La desembocadura del Guadalquivir estará aún más protegida por uno de los sistemas más avanzados para detección de tráfico ilícito de drogas y personas", señaló el responsable de Seguridad. El 'número dos' de Interior descartó que el Ministerio no haya tomado las medidas comprometidas para sellar este punto de entrada de drogas, como aseveró el PP, y tras reconocer que la desembocadura sí es un punto de entrada de hachís en España, recalcó que para luchar contra ello, su departamento ha intensificado, además de los medios tecnológicos, con el impulso del SIVE, los humanos y estructurales.

Así, destacó que a finales de 2009 había en Cádiz 4.925 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un 30,42 % o más que los 3.776 que había en abril de 2004, cuando el PSOE llegó al Gobierno central. Concretamente, en la Comisaría de Policía de Sanlúcar, el número de policías pasó de 68 a 99, un 45,6 % más.

Con respecto a los medios organizativos, subrayó que a lo largo de estos años se han ido creando unidades de los grupos de respuesta especial contra el crimen organizado (Grecos y Ecos) e indicó que, gracias a ellos y a los medios personales, las incautaciones han ido en aumento. Así, señaló que si en el 2000 se aprehendieron en Sanlúcar 2,1 toneladas de hachís, la cifra aumentó hasta 18,1 toneladas en 2009 y 56,2 toneladas en 2008.

A juicio de Camacho, las medidas adoptadas para la zona han sido eficaces, como demuestra que la provincia de Cádiz tenga una tasa de esclarecimiento 7 puntos superior a la media de la Andalucía Occidental y que la de criminalidad esté en 48,1 delitos por cada mil habitantes, un punto por debajo de la media andaluza.

Por su parte, el diputado del PP Aurelio Sánchez expuso las quejas de una coordinadora antidroga, de guardias civiles y policías y de la Fiscalía de Cádiz para reclamar más medios humanos y logísticos y mantuvo que el incremento de efectivos en la provincia "no sirve de nada" si no se desplazan a la zona o, como en el caso de la Policía Nacional, no se encargan de la vigilancia de la desembocadura. Además, para el popular la realidad es que, pese a los datos aportados por Camacho, en la desembocadura "no hay más patrulleras, ni más guardias civiles ni el SIVE está en marcha".

Sánchez también considera que en Cádiz hay una "sensación de impunidad porque es la provincia en la que más se incauta y menos se condena" y el tráfico de drogas "parece que sale gratis".