Provincia de Cádiz

Inminente disolución del órgano comarcal del Bajo Guadalquivir

  • La presidenta quiere convocar en junio la asamblea que aprobará el final de la Mancomunidad, aunque pasarán décadas hasta que sean saldadas las deudas

La alcaldesa de Lebrija y presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, María José Fernández (PSOE), quiere convocar la asamblea en la que se formalice la disolución del ente en el primer semestre de este mismo año. Es decir, a lo largo de junio como muy tarde. A partir de ahí, debe crearse una comisión liquidadora, con un vocal de cada uno de los once municipios integrantes -siete de Sevilla y cuatro de Cádiz- que tendrá seis meses para redactar el informe de disolución, en el que recoja qué se debe y qué debe poner cada ayuntamiento, según cuotas atrasadas, servicios no pagados y el porcentaje que le corresponde del pasivo. Hay que concretar las cifras, pero serán muy elevadas: a final de 2011, sólo los pagos pendientes a proveedores, Hacienda, Seguridad Social y a los trabajadores sumaban casi 37 millones, sin reclamaciones judiciales, intereses o indemnizaciones frente a un patrimonio tasado en once. Dada la situación de los consistorios y teniendo en cuenta que pueden reclamar, pueden pasar décadas antes de que las deudas queden saldadas del todo.

Será y está siendo un proceso "complejo, arduo, difícil", explicaba ayer Fernández, quien negó la inacción que le reprocha algunos municipios y una plantilla exhausta después de ocho meses sin cobrar. Desde que asumió la Presidencia en febrero -el alcalde de Las Cabezas, Francisco Javier Toajas, se negó a hacerlo- ha tenido que evaluar la situación y dar pasos previos a la disolución que requieren asesoramiento, trámites en notarías y boletines, consultas y negociación. Aún se están auditando las cuentas, sin presupuestos aprobados desde 2003.

La presidenta confía en que en los próximos días, la mancomunidad se quede ya con 16 ó 17 trabajadores fijos, frente a los 500 que había en febrero o los 143 que siguen ligados al ente a día de hoy. El resto ha sido quedando en paro al vencer sus contratos o programas. La comisión de gobierno de ayer dio el visto bueno a la suspensión de los programas que aún tenía asignados la mancomunidad -escuelas taller y casas de oficio y en materia turística, ambiental o social-, lo que dará vía libre para que cobren el paro 106. Se ha negociando con la Junta para que los alumnos reciban al menos un certificado de profesionalidad. La decisión aumentará la deuda, porque las subvenciones tendrán que devolverse. También se dio cuenta de la dimisión presentada el 2 de mayo, por el que ha sido gerente del organismo, José Antonio Navarro, aludiendo a motivos personales, después de que trascendiera que había sido condenado en firme por un supuesto caso de acoso sexual.

Desde el 1 de abril, el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) José Cabrera, en Trebujena, que era gestionado por la Mancomunidad, ha pasado a depender también de una fundación presidida por este Ayuntamiento gaditano, junto a sus 27 trabajadores, que no tienen una fecha para cobrar sus nóminas atrasadas, pero las deben cobrar sin problemas a partir de ahora.

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