La investigación del fraude de Bahía Competitiva sigue arrojando sorpresas. En este caso, vinculada a uno de los imputados, al que la Policía considera como el responsable de la creación de la trama societaria relacionada con las subvenciones objeto de investigación vinculadas al gallego Alejandro Dávila Ouviña. Se trata de Joaquín de Arespacochaga. Este periódico ha tenido acceso a dos documentos en los que se demuestra, por un lado, que el Ministerio de Industria fue alertado de las maniobras "sospechosas" de Ouviña. El otro documento es la petición del empresario madrileño al Juzgado para que se sobresean los cargos contra él.

El primer documento es una carta de mediados de julio de 2011 (cuando aún la Fiscalía de Sevilla no había remitido al Juzgado su denuncia por este fraude) que es enviada por quien ha sido considerado por la Policía como uno de los testaferros de Arespacochaga. Dicha misiva fue rubricada por Agustín Bobo, en su calidad entonces de administrador de Cádiz Solar Center. Hay que recordar que este fue uno de los proyectos que solicitó ayudas al Ministerio de Industria (con cargo al Plan Reindus) con la inicial intención de asentarse en los terrenos de la fábrica de Delphi en Puerto Real y fue también, una vez detectado el fraude, una de las ayudas requeridas por dicho Ministerio a quien habían solicitado dichas subvenciones, a Dávila Ouviña.

Pues en esa carta, Bobo alerta al Ministerio de la desconfianza que ya en esa fecha les provocaban las actuaciones del empresario gallego. En ella explica el administrador que Cádiz Solar Center (en adelante CSC) entran en el proyecto tras acreditarse la concesión por parte del Ministerio de dos créditos (en 2009 y 2010) por importe conjunto de 11 millones de euros, y que esas ayudas formaban parte de "una inversión global en otros proyectos también financiados por este Ministerio en los que el señor Dávila figuraba como solicitante".

Al hilo, Bobo ya asegura que el empresario gallego les aseguró que dichos préstamos "estaban ya concedidos", pero manifiesta su sorpresa al comprobar que fueron desestimados por Industria. A continuación, comienza a hablar de las primeras sospechas con respecto a Dávila Ouviña, concretamente cuando intentan analizar los movimientos bancarios realizados por él en CSC "y cuya contabilidad real empezaba a diferir de forma sustancial de la inicial recibida".

En este sentido, Agustín Bobo va a más y explica que "advertimos que el dinero recibido de subvenciones no solo no se había destinado a los proyectos comprometidos sino que, además, había pasado a compañías controladas por el señor Dávila". Continúa detallando la carta enviada al Ministerio que Dávila se negó a proporcionar los movimientos bancarios realizados hasta la entrada de los nuevos socios y que el empresario gallego "continuó actuando como apoderado en las cuentas, actuando como auténtico administrador de hecho por razón de nuestra inicial y lógica confianza".

Es más, añade que en junio de ese mismo año, 2011, enviaron notificación a los bancos en los que CSC tenía cuentas abiertas "a fin de revocar todo poder bancario en las mismas del señor Dávila". Pero, "ante la negativa de éste a proporcionar información y someter CSC y sociedades relacionadas con ésta a una auditoría de cuentas y ante la confirmación de nuestras sospechas de las graves irregularidades advertidas, le solicitamos formalmente en nombre de la sociedad los fondos sustraídos o presuntamente justificados e iniciamos las acciones legales pertinentes".

A continuación, Bobo anuncia al Ministerio su dimisión de su cargo y manifiesta que este proyecto no pudo ver la luz "ante la inexistencia de los fondos recibidos en las cuentas de la compañía y la imposibilidad de llevarlos a cabo, al comprobar que fueron transferidos anteriormente a nuestra entrada en la compañía por el señor Dávila a cuentas, que nos consta, controladas por este señor según resulta de las averiguaciones realizadas y de las que informamos a este Ministerio a los efectos oportunos".

Y finaliza: "Pese a nuestros reiterados intentos de reunirnos con el personal de esta Dirección General para dar esta información y explicar las razones que nos llevan a no proseguir y renunciar a este y otros proyectos en los que esté involucrado el señor Dávila, se nos ha negado tal posibilidad, lo que nos vemos obligados a personarnos a través de este escrito".

Esta carta tuvo respuesta por parte del Ministerio, aproximadamente un mes después (julio de 2001) y firmada por el subdirector general de programas estratégicos de Industria, Ramón Herrero Arbizu, otro de los imputados en la causa y que ya ha declarado en el Juzgado número 4 de Cádiz. En esa respuesta se dice que "cuando el escrito fue recibido ya se había iniciado con fechas 9 y 22 de junio de 2011 el procedimiento de reintegro de los dos expedientes de reindustrialización citados (petición que acabó publicándose en el BOE)".

Añade que el 2 de agosto de ese mismo año, el propio Dávila Ouviña "en calidad de administrador de Cádiz Solar Center, envía escrito en relación al anuncio de inicio de procedimiento de reintegro publicado en el BOE solicitando una copia, prórroga para el plazo de alegaciones y una entrevista con el responsable de las ayudas". El 2 de septiembre, el propio Ministerio le concede a Ouviña un plazo de 15 días hábiles para el envío de alegaciones. El 5 de octubre, al no haber recibido tal documentación, se dictó resolución de reintegro total "por incumplimiento de los dos expedientes".

El otro documento al que ha tenido acceso este periódico se refiere a las actuaciones policiales y el atestado elaborado como consecuencia de la supuesta participación de Joaquín de Arespacochaga en este caso. Es un escrito dirigido al Juzgado en el que se realizan alegaciones, se presenta denuncia por vulneración de derechos fundamentales y garantías procesales. Deja claro este escrito de la representación legal del empresario madrileño que quien tiene relación con Dávila Ouviña en todo momento es Juan, hijo de Joaquín.

Además, la representación legal de Arespacochaga continúa sin entender el motivo de que el despacho de este empresario sufriera un registro de la Agencia Tributaria, al entender que un posible delito fiscal nada tiene que ver con Bahía Competitiva. Incluso, siguen sin entender que fuese detenido más de dos años después de que se descubriese el fraude.

El escrito explica que ya en octubre de 2013 se presentó escrito formulando diversas peticiones al juzgado asociadas a la denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías procesales, así como de actuaciones policiales consistentes, entre "otras infracciones", en la intervención y aportación como elemento incriminatorio de conversaciones intervenidas entre el letrado defensor y sus clientes.

Así, el escrito al Juzgado pide el sobreseimiento de las actuaciones "y el inmediato levantamiento de todas las medidas cautelares adoptadas". También, "subsidiariamente", solicita que se deduzca testimonio de los folios de las actuaciones "que refleja la intervención de conversaciones telefónicas entre mi demandante y su letrado, a objeto de depurar las responsabilidades que procedieran". Y además, solicita que se cite a dos funcionarios de la Policía "autores del atestado al efecto de que puedan ser oídos a presencia judicial y repreguntados sobre las afirmaciones que plasman en su atestado". Esto obedece, como se refleja en el documento, a que "la única fuente de incriminación para mi mandante son las valoraciones subjetivas de dos funcionarios policiales que carecen de la más mínima consistencia para ser tomadas en consideración". Y antes añade: "la cantidad y calidad de los errores, equivocaciones e inexactitudes del atestado, los manifiestos incumplimientos de las propias instrucciones policiales y las faltas de respeto y debida consideración a mi mandante y su familia sobrepasan con creces el límite de lo comprensible. Las consecuencias son conocidas por el Juzgado al que nos dirigimos y han supuesto la paralización completa de la vida profesional con daños a la dignidad y la imagen profesional personal y familiar irreparables".