Tras Pinar de Coig, cuyo juicio se celebrará en la Audiencia Provincial a mediados del próximo mes de enero, llega Pinar del Obispo, otro enclave de máxima protección de El Puerto en el que se han edificado varias viviendas ilegales. Y de nuevo, el exalcalde de la localidad, el independiente Hernán Díaz Cortés, que tuvo que dejar la Alcaldía en 2006 tras ser firme su condena por inhabilitación por un delito de prevaricación (al nombrar a dedo al responsable de la Policía Local), lleva camino de acabar respondiendo por ello ante los Tribunales.

El magistrado del Juzgado de Instrucción 3 de El Puerto, Miguel Ángel López Marchena, acaba de concluir la instrucción de esta causa en la que estaban acusados tanto el exregidor portuense como el primer edil de Urbanismo de IP, el exconcejal Miguel León Ortega, de conceder supuestamente autorizaciones para que las casas ilegales pudieran disponer de los suministros de agua y electricidad.

En el auto que pone fin a la investigación judicial, al que ha tenido acceso este diario, el juez acuerda que sigan las actuaciones por el trámite de procedimiento abreviado contra Díaz Cortés por un delito de prevaricación en concurso con un delito de omisión de perseguir delitos. El juez decano de El Puerto declara prescritos los hechos de los que pudiera ser responsable Miguel León, que estuvo al frente del área de Urbanismo dos mandatos municipales, desde 1991, cuando IP ganó por primera vez los comicios locales, hasta 1999.

En el auto, se acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra otras dos personas que, como Hernán Díaz, suman numerosas imputaciones por supuestamente amparar y fomentar el urbanismo ilegal, el exedil Juan Carlos Rodríguez, al frente de Urbanismo en el último mandato de IP, entre 2003 y 2007, y el entonces jefe de Disciplina Urbanística y de Licencias, el funcionario municipal Fernando Jiménez Fornell.

Rodríguez y Fornell, que el pasado marzo fueron detenidos por otras diligencias por supuesto cohecho y blanqueo de capitales, entre otros delitos, siendo puestos en libertad con cargos tras abonar fianzas de 30.000 euros cada uno, quedan en este asunto al margen. Fuera deja también el juez al final al exgerente de la empresa municipal Serecop, Delfín Gómez, dado que al parecer serían sólo Díaz y León los que habrían rubricado autorizaciones para luz y agua.

Tras el auto de López Marchena, las partes (Ministerio fiscal y posibles acusaciones personadas) pueden, o bien recurrirlo, tanto si consideran que debe haber algún imputado más o para requerir que se archive también la causa contra el exalcalde, o solicitar la apertura del juicio oral, presentando los escritos de calificación.

En Pinar del Obispo, situado al final del camino viejo de Rota, colindando con la cantera de Minervo II, en las inmediaciones de la variante de Rota, ha sido erigida una docena de lujosos chalés. El Plan General vigente cataloga estos terrenos como suelo no urbanizable de especial protección forestal. La causa tiene su origen en la macro denuncia que Ecologistas en Acción interpuso por numerosas actuaciones al margen del PGOU en el término ante la Fiscalía de Cádiz, que las remitió para su instrucción separada a los Juzgados portuenses.

Este asunto concreto recayó en el Juzgado 3, cuyo titular encargó la investigación a la Guardia Civil, a los integrantes del EDU, el Equipo de Delitos Urbanísticos de la Comandancia de Cádiz. Fue en junio de 2010, como publicó en su día este diario, cuando los agentes procedieron a imputar formalmente a Díaz y a León en sendos delitos de prevaricación por permitir la construcción de viviendas en Pinar del Obispo.

Dentro de sólo dos meses, Díaz y Rodríguez habrán de sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia por los chalés de Pinar de Coig . Junto a ellos, estarán también otro exedil de Urbanismo de IP, Pedro Alamillos, el propietario originario de la finca José Pinto Fuentes, y Rafael Pacheco Descalzo, que actuó de intermediario en la compraventa de las parcelas. La Fiscalía sólo ha presentado acusaciones contra Díaz y Rodríguez a los que considera autores de un delito de prevaricación urbanística, para lo que pide para cada uno dos años de prisión y 9 de inhabilitación. Ecologistas en Acción les acusa además de delito contra el medio ambiente, por lo que reclama otros dos años de prisión para cada uno. Y a Alamillos sólo lo acusan los propietarios de las casas.