Provincia de Cádiz

Hernán Díaz declara en el Juzgado

  • El ex alcalde de El Puerto está imputado en una trama que legalizaba viviendas ilegales entre 2003 y 2007

El ex alcalde de El Puerto Hernán Díaz, acudió esta mañana a declarar al juzgado al estar imputado por delitos de prevaricación al decretar la legalización de obras de ampliación de hotel y licencia para terminar las obras del club de alterne Oh Puerto, así como la legalización de cinco viviendas en La Caridad.

El que fuera primer edil de El Puerto está imputado junto a dos de las  personas que se suponen claves en la supuesta trama para regularizar viviendas ilegales  que habría actuado  durante la última etapa del Gobierno de los Independientes Portuenses. Se trata de su primer teniente de alcalde, al frente de Urbanismo entre 2003 y 2007,  Juan Carlos Rodríguez, y el aún hoy jefe de Licencias  del Área de Urbanismo, Fernando Jiménez   Fornell, que entonces también  ostentaba la Jefatura de Disciplina Urbanística.  

La Guardia Civil los sitúa a los tres, junto a la también técnico  municipal, la delineante  del Servicio de Infraestructuras del Ayuntamiento y compañera sentimental de Jiménez Fornell,  Milagros Trigo Pacheco, al frente de una  organización que concedía  licencias de obras y legalizaba viviendas en zonas donde ninguna   de las actuaciones serían legales. Bien por tratarse  de suelos que no tienen el carácter urbano. O bien porque aún teniendo dicho carácter, no han adquirido el derecho a   edificar por no haber culminado la preceptiva tramitación urbanística.   

Según los investigadores,  la supuesta trama  articulaba todos los permisos  a través del estudio de arquitectura Tec, al frente del cual está la novia de Jiménez Fornell y también técnico municipal. Arquitectos que trabajaban para dicho estudio hacía los proyectos de legalización, que supuestamente recibían después informes favorables del Jefe de Licencias, concediendo después, bien Hernán Díaz  o Juan Carlos Rodríguez, las licencias o  legalizaciones requeridas, bien firmándolas o por silencio administrativo, dejando pasar un plazo de tres meses para concederlas por ausencia de respuesta municipal a la petición.

Además de estas cuatro personas,  hay ocho más  imputadas:  entre ellos,  dos arquitectos que hacían proyectos con el logotipo de Tec, Isabel Ruiz Vázquez y Arturo Márquez Bailón; y promotores o dueños de las viviendas legalizadas pese a vulnerar el PGOU vigente y el entonces gerente del club de alterne Oh Puerto, igualmente objeto de obras y legalización supuestamente irregulares.

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