El Ministerio de Economía y Hacienda comunicaba hace pocas fechas a los antiguos propietarios de pequeñas parcelas en el polígono de Las Aletas que volvían a ser propietarios catastrales del terreno.

En un escrito dirigido a estos particulares (en la imagen que acompaña a estas líneas), Hacienda expone que "vista la solicitud de baja de titularidad catastral presentada por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, una vez realizadas las comprobaciones oportunas, esta Gerencia -Gerencia Territorial del Catastro-, en virtud de las competencias que tiene atribuidas, acuerda inscribir la titularidad acreditada en relación al bien inmueble identificado".

Continúa el texto: "Se da de baja a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía como titular catastral del inmueble, restituyendo al titular catastral anterior, tras haberse declarado nulo, por sentencia del TSJA -Tribunal Superior de Justicia de Andalucía- de 22 de junio de 2009, el acuerdo de expropiación de determinadas parcelas en el polígono Las Aletas de Puerto Real".

Y, finalmente, concluye: "Dicha alteración tendrá efectos en el Catastro Inmobiliario desde el 11 de abril de 2007". Como se comprueba en el documento, Hacienda otorga la "propiedad plena" a este antiguo propietario , con un porcentaje del 100% como derecho sobre el bien inmueble.

¿Qué significa esta comunicación? Según fuentes jurídicas de toda solvencia consultadas por este periódico, la reposición como titular catastral de los antiguos propietarios tiene, básicamente, efectos fiscales para que, como tal dueño de los terrenos, proceda al pago, por ejemplo, del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Ahora bien, estas fuentes explicaron que, al basarse el acuerdo de Hacienda en la anulación del proceso expropiatorio sentenciado por el TSJA, nadie, incluida la Junta de Andalucía, podría tocar esos terrenos.

Sólo podría ocupar esa superficie, explicaron estas fuentes, en caso de que la anulación de la expropiación fuese por defecto de forma y, por tanto, se iniciase y culminase un nuevo proceso de justiprecio.

Sin embargo, en este caso, la sentencia del Alto Tribunal andaluz dictó, en diciembre de 2008, que "el Plan Especial no está suficientemente fundamentado, carece de una expresión seria y razonable de los fines y, por lo tanto, no justifica la aplicación de una privilegiada y excepcional expropiación de forma inapelable".

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aceptaba de esta forma el recurso presentado por un grupo de ex propietarios del suelo y anulaba las expropiaciones ejecutadas sobre una superficie de 480.000 metros cuadrados (48 hectáreas).

En su sentencia, el Alto Tribunal ratificaba la nulidad del Plan Especial que ya decretó este mismo órgano un año antes y obligaba a restituir las parcelas enajenadas de forma forzosa por Obras Públicas.

El procedimiento invalidado fue aprobado por la Consejería que dirige Luis García Garrido en octubre de 2005 y en él se fijaba la zona de reserva, de 527 hectáreas, sobre la que posteriormente se ha planificado el nuevo parque empresarial y logístico de la Bahía. Fue el primer paso para promover Las Aletas y también la base legal y administrativa para expropiar un total de 120 hectáreas, pertenecientes a medio centenar de titulares, e incorporarlas al Patrimonio Autonómico de Suelo.

Ese nuevo fallo contrario a la Junta era muy similar al anterior, dictado a favor de Dehesa Norte, una empresa titular de más de 50 hectáreas de este terreno -entre ambas suman un centenar- y de otras 148 en la parte afectada por el dominio público marítimo-terrestre.

En este caso, el acuerdo de Hacienda se refiere a un propietario de tres parcelas que suman 40 hectáreas, bajo el nombre de La Cerería. Se encuentra situadas en el límite del casco urbano de Puerto Real, junto a la antigua casa-cuna y el campo de fútbol Ortega Pejito, lindando con la autopista AP-4.

Esta autorización del Ministerio de Hacienda puede chocar con el último anuncio realizado por el Consorcio de Las Aletas, según el cual iniciaría de inmediato los primeros trabajos sobre la zona no afectada por el Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT), propiedad de la Junta de Andalucía. Esos trabajos, precisamente, se han retrasado hasta la celebración de un nuevo consejo rector (como indicaron fuentes del Consorcio) en el que se daría cuenta de los nuevos pasos dados en los distintos trámites administrativos.

Además, hay que recordar que sólo se podrá actuar sobre 120 hectáreas, a la espera de que el Consejo de Ministros apruebe, en principio a final de año, una nueva reserva de suelo para poder actuar sobre el DPMT.