Se abre un nuevo camino en el fenómeno de las viviendas ilegales. El Gobierno local prevé respaldar la petición de indulto que ha promovido un grupo de propietarios de viviendas ilegales afectados por una orden de derribo decretada por un juzgado. La propuesta se abordará, como asunto de urgencia, en el Pleno Municipal que se celebrará pasado mañana.

Los hechos se remontan a 2008. En ese año, el Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz dictó una sentencia en la que condenaba a cuatro propietarios de Hoyo 15, un diseminado ilegal ubicado en la prolongación del Camino Viejo de Rota (a espaldas del campo de golf de la Carretera de Sanlúcar), a la demolición de sus inmuebles y a una pena de prisión de seis meses por un delito contra la ordenación del territorio al haberlas construido en suelo no urbanizable. Un año después, la misma sala emitió una ejecutoria en la que ordenaba el cumplimiento del fallo en un plazo de tres meses.

Fue entonces cuando se presentó ante este mismo juzgado la petición de indulto basándose, fundamentalmente, en que el Ayuntamiento contempla la regularización de la vivienda. De hecho, el grupo de viviendas forma parte del grueso que podrán ser legalizadas una vez entre en vigor el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que podría entrar en vigor a lo largo de la próxima primavera.

La petición de indulto se presentó ante el Juzgado de lo Penal a mediados del año pasado y esta se está tramitando actualmente. No obstante, el titular de la sala envió al Ayuntamiento un auto en el que, como parte afectada, le solicitaba que se posicionara en relación con la solicitud. Tras esto, el Gobierno local ha decidido apoyarla y la elevará al Pleno el próximo jueves.

En un comunicado, el concejal de Urbanismo, Diego Muñoz, justifica el respaldo a esta iniciativa en que la sentencia "fue dictada en aplicación de una determinada normativa, pero que esta es previsible que sea modificada al llegar la ejecución de la sentencia, por lo que si bien es cierto que la demolición sería totalmente posible, la realidad jurídico material devendrá en legal en el transcurso del procedimiento jurídico". Esto quiere decir, en otras palabras, que el Área de Urbanismo entiende que no es lógico proceder al derribo de una vivienda cuya legalización ya ha sido aprobada por el Pleno mediante la ratificación del futuro Plan General, un documento que está falta del visto bueno definitivo de la Junta de Andalucía.

De hecho, Muñoz apunta: "Partimos de la base de que la construcción de esa vivienda suponía contravenir de forma clara la legalidad urbanística y que, por ese motivo, el propio Ayuntamiento de El Puerto abrió los correspondientes expedientes urbanísticos y sanciones. Pero no es menos cierto que nos encontramos en el estado final de aprobación del PGOU que contempla la vivienda en cuestión dentro de un área regularizable y, por lo tanto, legalizable siempre que se cumpla con los deberes urbanísticos impuestos desde la Ley".