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Provincia de Cádiz

El Gobierno ratifica su "compromiso intacto con el proyecto Aletas"

  • El Consorcio paralizará toda la inversión hasta que la Abogacía del Estado determine la mejor solución jurídica y los pasos para acatar "estrictamente" la sentencia y restablecer la legalidad

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Quince años después de que el proyecto empezara a barruntarse en el mundo empresarial y política; cinco después de que se consiguiera la unidad de todos los agentes; dos y medio desde que el Consejo de Ministros aprobara y bendeciera la unión entre el Gobierno y la Junta para promover un parque empresarial en suelo de dominio público dentro del término de Puerto Real y sólo dos meses después del desembarco de las máquinas en el terreno, toca volver a ser "pacientes".

Pacientes y prudentes, pero con un matiz importante sobre épocas pasadas: el Gobierno, a través de la presidenta del Consorcio Aletas, Juana Lázaro, ratificó ayer su "compromiso intacto" con el proyecto y seguirá trabajando "codo con codo" con la Junta, y con el Ayuntamiento de Puerto Real y la Diputación Provincial como socios incorporados, en la promoción del parque empresarial de la Bahía.

En la primera reunión del consejo rector de esta institución tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo (TS), Lázaro confirmó la paralización total de la inversión y anunció que no se volverá a mover un gramo de arena del terreno hasta que la Abogacía General del Estado determine cuál es la mejor solución jurídica y técnica para "subsanar los problemas" detectados y "verificar su compatibilidad" con el modelo de desarrollo propuesto. La presidenta fue taxativa en este aspecto y también al valorar la sentencia del TS que invalida la ocupación de las 287 hectáreas de dominio marítimo terrestre incluidas en el proyecto: "Cualquier alternativa de futuro pasará por el estricto respeto y acatamiento de la sentencia y por preservar y proteger el dominio público".

Aunque la Junta apuntó inicialmente a una solución rápida antes de Navidades, lo cierto es que no hay plazos ni caminos claros a la vista para restaurar el marco legal del proyecto, aunque, en principio, la reserva demanial sigue siendo "el instrumento jurídico adecuado, y no cuestionado en la resolución", porque permite mantener la titularidad pública del terreno (que pasaría a estar reservado exclusivamente para esta finalidad), evita la especulación y exige la conservación de la zona, según analizó ayer Juana Lázaro al término de la reunión del consejo rector de esta institución convocado para dar a conocer el veredicto del Tribunal Supremo a favor de las organizaciones ecologistas WWF España y Greenpeace.

La Abogacía del Estado será, en cualquier caso, la que decida sobre la solución definitiva, y de ella dependerá el tiempo necesario de tramitación. Según la sentencia, el Gobierno y la Junta deben concretar la duración de la reserva (que será la máxima posible), la finalidad del proyecto (revitalizar la actividad económica en la Bahía), los usos específicos que se darán (logística y energía) y, sobre todo, deberá argumentar que no hay una localización alternativa en toda la comarca. Fuentes del Consorcio apuntaron que este último requisito es el que puede alterar más los tiempos en función del grado de complejidad que entrañe la elaboración de un informe de estas características. Y esa complejidad la marcarán los abogados gubernamentales a través de su "diagnóstico", como lo calificó Lázaro.

Pese a este duro revés judicial, la presidenta del Consorcio aclaró que el plan para Las Aletas "no fue una decisión caprichosa, sino que está fundamentado sobre bases sólidas desde las perspectivas jurídica, económica y medioambiental" y destacó, como ya hiciera la Junta en días pasados, que el fallo del Supremo no invalide la reserva del dominio, sino el procedimiento por considerar que está insuficientemente justificado y detallado. Además, recordó que el proyecto es "excepcional, complejo y novedoso". "Lo sabíamos todos", apostilló, y "ese carácter innovador es el que lo convierte en un proyecto muy importante".

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