Una nueva ordenación fruto del consenso entre las administraciones competentes. Con esta voluntad se asumieron las recomendaciones del Ministerio de Defensa respecto al nuevo Plan Especial de Reforma Interior (PERI) para los terrenos de la antigua Fábrica San Carlos (FSC), unos dictados que apuntaban hacia la eliminación de las alturas en unos terrenos que están incluidos dentro del perímetro de seguridad militar. "No entendemos las razones por las que el Partido Socialista (PSOE) local nos critica, porque simplemente hemos hecho lo mejor para sacar adelante este proyecto", aseguraba ayer el portavoz del Gobierno local, Francisco José Romero, en una rueda de prensa convocada para responder a las acusaciones de la oposición socialista el día anterior.

Unas críticas las del PSOE que, a juicio de Romero, inciden una vez más en los errores del bipartito, pero que sin embargo no profundizan en ninguna propuesta. "Entendemos que quieren construcciones más bajas en los edificios, lo que obligaría a ampliar el número de viviendas. Esto significaría más espacio para ellas y menos para equipamiento, zonas verdes y desarrollo turístico, por ejemplo", comentó. Por esta razón el Gobierno local apuesta por un desarrollo como el presentado el pasado jueves en el que se combinan las alturas con la necesidad de una vivienda social y el desarrollo económico. "Entonces sólo podemos pensar que lo que molesta al PSOE es que se queda sin argumento para desprestigiar al Gobierno municipal", señaló al respecto la delegada de Urbanismo, Carmen Pedemonte.

Porque además, a juicio de Romero, el PSOE tiene toda una rémora política con San Fernando en este sentido contraida y mantenida a lo largo de los años, "en las que queda patente la doble moral de este partido co n la ciudad". En primer lugar enumeró "el homicidio industrial" del PSOE con el cierre de FSC y el despido de los dos centenares de trabajadores de la factoría, un proceso que continuó con una subvención destinada a otra empresa, esta vez de discos duros, que nunca fructificó, "y ahora ya no sabemos donde quedó todo el dinero que se destinó para ello, porque nosotros no lo vimos".

A cambio, con el Ayuntamiento a la cabeza, se negoció la recalificación urbanística de los terrenos, "un proyecto que misteriosamente respaldaron los socialistas", afirmó con sorna Romero, y que tenía como uno de sus objetivos principales asumir la liquidación de la factoría y pagar los 2.200 millones de las antiguas pesetas a los trabajadores en concepto de indemnización. "Así que si el PSOE no hubiese permitido ese cierre no estaríamos hablando hoy de todo esto", aseguró al respecto Pedemonte.

Para poder cumplir con el convenio que resolvió este pago se mantienen precisamente dos de los edificios de gran altura, que tendrán en concreto 17 plantas. Las otras diez desaparecerán en pos de dos construcciones de nueve plantas -en una de ellas está prevista la instalación de un establecimiento hotelero- y las restantes contarán con alturas que alcanzarán como máximo la baja más cinco. Porque, incidía el portavoz, el objetivo es la máxima diversificación del uso. "Por eso, además de la potenciación turística hemos incrementado el número de viviendas de protección oficial hasta alcanzar las 384".