El juicio que se dirime por la denuncia realizada por el actual y momentáneo -mañana se enfrenta a una moción de censura- alcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil (PP), quedó dinamitado en sus cimientos al conocerse que figura como administrador de una de las empresas que competía por hacerse con la rehabilitación del entorno del castillo de Santa Catalina. En un interrogatorio brillante, el defensor de los empresarios acusados por el alcalde, Manuel Buitrago, desveló que Juan Andrés Gil figura como administrador mancomunado -es decir que es precisa su firma para que la sociedad pueda seguir funcionando- de la firma Jaima Movida de Verano en Tarifa SL, la empresa que la Mesa de Contratación celebrada para dictaminar quién sería la elegida para llevar a cabo la rehabilitación del entorno, señaló junto a Centro Tarifa Santa Catalina como las más adecuadas entre la docena que se presentó al concurso de ideas convocado por el consistorio.

De nada, o de poco, sirvió el hecho de que Gil afirmara que había vendido su participación en el año 1996, ya que el letrado le mostró un documento "de esta misma mañana, del Registro Mercantil en el que usted sigue figurando como administrador de la misma". Visiblemente sorprendido, el alcalde tarifeño señaló que "de haber conocido que se iba a sacar el tema, podría haber justificado la venta de mi participación. No sé porqué figuro aún en el Registro como administrador, pero debe tratarse de un error que tengo que subsanar". El daño a la credibilidad de la acusación estaba hecho; primero porque no puede negar el hecho que conocía a las dos personas que figuran como propietarios junto a él mismo en dicha empresa y segundo porque de tratarse de un error -ser administrador supone estar presente en innumerables hechos administrativos- ha tardado, de ser cierta su versión de que vendió su participación, casi 20 años en corregirlo.

La estrategia de la defensa atribuyó también esa participación del alcalde en la empresa a la decisión de quien cuando ocurrieron los hechos era concejal del PP en la localidad, José María González Gómez, quien en la Mesa de Contratación, declaró -tal y como consta en el sumario- que "las propuestas 3 y 6 deberían figurar como finalistas". La 6 era la que finalmente se eligió; la 3 era la empresa de la que era administrador el alcalde.

La testifical de Juan Andrés Gil era especialmente esperada. Fue él quien interpuso la denuncia y a lo largo de su declaración se cansó de señalar que casi le habían obligado a ello, porque "las cosas no se estaban haciendo conforme a la legalidad". "Flagrantemente ilegal" fue la expresión que utilizó en repetidas ocasiones. Mientras los acusados en el primer día de la vista oral aseguraban que no hubo ni cambio de denominación de la sociedad ganadora, ni un uso comercial principal del entorno que iban a rehabilitar, algo que corroboran repetidos informes de los técnicos municipales, Juan Andrés Gil se desmarcó cuando señaló que "lo que iban a hacer ahí era un macrocentro comercial", algo que contradice la versión aportada hasta este momento ya que dicho uso se llevaba a cabo de manera secundaria y sólo para recuperar la inversión realizada que superaba los 4 millones. De hecho, quedó aún más en evidencia ya que uno de sus argumentos fue que los ganadores en el concurso de ideas cambiaron el nombre de la sociedad sin hacerlo en el Registro Mercantil, a pesar de que figuraban ambos desde el comienzo y que la secretaria del Ayuntamiento no observó ilegalidad alguna, ya que concurrieron con un lema para después constituirse en empresa. Sus constante referencias al Registro harían preguntarse porqué no lo hizo él mismo.

Más confusa fue su explicación sobre las razones que le han llevado a modificar el PGOU de la localidad en la zona objeto de denuncia, ya que según lo acordado ahora se permitiría realizar la totalidad de actuaciones que la empresa ganadora proponía y que le llevaron en su momento, y como presidente del PP de Tarifa, a interponer la denuncia que ha llevado hasta este juicio.