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Todo un experto en redacción de planes generales como el arquitecto Manuel González Fustegueras, lo tiene claro: "Hay materia prima, que es el suelo; dicen que hay dinero suficiente para ponerlo en marcha, aunque tengo mis dudas; lo que falta es capacidad de decisión de las administraciones para ponerlo en marcha y construir viviendas de protección oficial".

Así lo aseguró ayer en el transcurso del Seminario sobre el futuro del sector inmobiliario ante la crisis económica, que se celebra desde el pasado jueves en el Centro de Formación de Ingrasa.

Fustegueras coincidió en tesis ya argumentadas el primer día de seminario, acerca de la excesiva proliferación legislativa en materia de urbanismo que, en su opinión, no ha hecho otra cosa que detener el avance de la inmensa mayoría de los Planes Generales de Ordenación Urbana en Andalucía. Así, detalló que "los planes generales están la mayoría parados". Añadió que, desde el año 1997, en Andalucía se han lanzado 30 normas urbanísticas, de las que 24 son de los últimos cinco años, sin tener en cuenta las de carácter sectorial con incidencia en el urbanismo. Una de sus conclusiones fue que "todos los ayuntamientos que empezaron a redactar sus planes generales con arreglo a la Ley andaluza de 2002 han sido los más castigados, porque han tenido que volver a revisarlos cuando se promulgó el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía".

Tras su conferencia, Manuel González Fustegueras atendió a este periódico. Aseguró que "los planes generales se han convertido en documentos de una excesiva complejidad, porque tienen una larga tradición de instrumentos poderosos. Hay mucha política sectorial que se le ha cargado a los planes generales y tardan mucho tiempo. En un periodo convulso como este, se ha producido mucho cambio legislativo que ha provocado una paralización de esos planes, que se intenta paliar con las adaptaciones y las modificaciones. Esa no es la solución, sino reflexionar sobre toda la ciudad, y eso sólo lo da una revisión del Plan General".

Fustegueras reclamó en su intervención que la Junta utilice la figura urbanística de patrimonio andaluz de suelo para conseguir la superficie necesaria destinada a la construcción de VPO. Así, aseguró, no sin cierta ironía, que "para Las Aletas, sí se usa; para vivienda, no". En este sentido, añadió que "esa es una figura novedosa, ha habido un exceso de respeto hacia la competencia municipal y no han querido intervenir, pero una situación de urgencia como esta requiere soluciones de urgencia. Los ayuntamientos no tienen recursos para intervenir, y es bueno que lo haga la administración autonómica".

Por último, aseguró, con respecto a la proliferación de viviendas ilegales en muchos municipios gaditanos, que "lo importante es que no hay una solución igual para todo el mundo, las circunstancias son individuales, muy distintas, porque así lo dice la Ley y lo dice desde hace muchos años y hay que cargar con las consecuencias. Hay otros paquetes de viviendas que ya son hechos irreversibles, sin capacidad de reacción para la administración, donde taparse los ojos a la existencia de esa realidad lo que hace es generar un problema a la sociedad general. Por eso a la sociedad le viene bien entrar en un proceso de regularización de esas viviendas, lo que significa pagar los servicios que necesitan igual que cualquier otro hijo de vecino. Lo más importante es que nos tenemos que convencer todos es que esto es malo para todos y no puede volver a repetirse".