Provincia de Cádiz

Funcionarios y profesionales insisten en el cuarto Juzgado

Los Juzgados de la calle Real, en una imagen de archivo tomada desde el exterior de las instalaciones. Los Juzgados de la calle Real, en una imagen de archivo tomada desde el exterior de las instalaciones.

Los Juzgados de la calle Real, en una imagen de archivo tomada desde el exterior de las instalaciones. / román ríos

Ni la asignación a los Juzgados de San Fernando de un juez de adscripción territorial ha servido para que su apoyo a los tres órganos judiciales mixtos con los que cuenta la ciudad haya rebajado la carga de trabajo que sufre cada uno de ellos. Su llegada no ha venido acompañada de un aumento de funcionarios y por tanto los retrasos en las tramitaciones se siguen produciendo. En estas circunstancias y a tenor de los datos aportados por la última memorial anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2017 que recoge que cada Juzgado de Primera Instancia e Instrucción isleño atiende 998 casos civiles (aparte de los penales) y por tanto se queda muy lejos de la carga de entrada de referencia que está en 550, funcionarios y profesionales de la Justicia mantienen su demanda de un cuarto Juzgado para redistribuir los procesos judiciales, civiles y penales (que llegan a 4.004 más los 147 asuntos de violencia contra la mujer).

Pedro Moral, responsable provincial de la sección de justicia de UGT, reconoce el desánimo ante la falta de solución a este problema después de tantos años. "San Fernando es uno de losJuzgados con más sobrecarga de trabajo. El nuevo edificio vino a traer unas mejores instalaciones, y a solventar en parte de las deficiencias en este sentido, pero la carga de trabajo que soporta cada Juzgado es excesiva", lamenta el representante sindical, que recuerda otra de sus reclamaciones: el aumento de personal por la discriminación que se vive en La Isla en este sentido. Frente a los juzgados mixtos de localidades de la zona, como Chiclana o El Puerto, que tienen a ocho funcionarios por órgano judicial y el mismo personal para su Servicio Común, en San Fernando sólo se cuenta con siete en cada juzgado -ocho en el tercero al tener asignado el funcionario del registro civil- y cinco en el Servicio Común. "El registro civil tiene uno funcionario y una persona de refuerzo", añade.

Esa menor plantilla influye evidentemente en la tramitación de los procedimientos, porque no hay funcionarios suficientes para dar salida con mayor rapidez a las comunicaciones. Esta situación se agrava por el aumento de las videoconferencias, algo, indica Moral, que no ha recogido el TSJA en su análisis anual. "Si ya son pocos funcionarios para las notificaciones, la necesidad de que los funcionarios estén en el juzgado, y por tanto no salgan a la calle, empeora todo", expone. A eso se suma, recuerda, que a los juzgados también llegan los exhortos de otras sedes judiciales para que desde aquí se tramiten las comunicaciones oportunas. "Eso llega al Servicio Común, lo que genera más colapso todavía", destaca.

Ni siquiera la presencia de un cuarto juez, el juez de adscripción territorial que actúa de apoyo a los tres juzgados desde 2017, ha permitido desbloquear este panorama. "No hay funcionarios para dar salida a sus resoluciones", reitera este responsable de UGT, que cuestiona que su llegada no trajera implícito el incremento de plantilla, ni estable ni como refuerzo.

El trabajo de este juez, que llega a San Fernando mientras espera destino, ha supuesto cierta mejora. Lo reconoce Ignacio Roca, delegado del Colegio Oficial de Abogados de Cádiz en San Fernando, que sin embargo deja claro que la solución a la sobrecarga de trabajo es la creación de un cuarto juzgado. "Redistribuir los casos entre cuatro órganos mejoraría la tramitación, que es lo que retrasa en buena medida los procesos", comenta. Sus planteamientos responden, por tanto, a la misma lógica que aplica Pedro Moral: un cuarto juez, con un secretario judicial más (o letrado de administración de justicia como se denomina ahora) y los funcionarios de su oficina permitiría que cada proceso fuera más rápido. "Los números nos dan la razón", apunta sobre los datos del TSJA que colocan a los Juzgados isleños sólo por detrás de Sanlúcar en número de asuntos civiles que ingresó en 2018: 2.422 más 573 que están en ejecución. "Nuestra reacción es exactamente la misma de los últimos años, la de pedir el cuarto juzgado, ya van más de diez años", se queja.

Como el dirigente de UGT, Roca se muestra pesimista en cuanto a que se vaya a atender a estas necesidades: "Tengo pocas esperanzas a que creen este cuarto juzgado porque parece que asumen que el juez de adscripción territorial es la solución". Eso no impide que se hayan dirigido tanto a la Junta de Andalucía como al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -"aunque no seamos interlocutores directos"- para que los apoyen en sus reivindicaciones. "Esperemos que este año se decida", comenta a pesar de todo.

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