El fiscal jefe de de Algeciras, Juan Cisneros, ha recurrido el archivo y anulación de parte de las diligencias judiciales por el fraude de la estiba al entender, según ha podido saber Europa Sur, que no se ha cumplido el plazo máximo de instrucción de seis meses que marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tal y como argumentaba la titular del Juzgado de Instrucción n.º1 de la ciudad, Belén Barranco, en el auto de la semana pasada en el que daba por cerrada la investigación.

En estas actuaciones están siendo investigados, entre otras personas, el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Luis Ángel Fernández, y uno de sus hijos, Ángel Fernández, a quien la Policía Nacional atribuye el presunto cobro de comisiones a cambio de situar en la estiba a las personas que le pagaban. Su padre, según la investigación, habría colaborado supuestamente en la devolución de parte de ese dinero, reclamado por quienes finalmente no lograron un empleo portuario.

La juez consideraba que la instrucción, incoada el 30 de mayo de 2018, debió darse por concluida a fecha de 30 de noviembre, es decir, seis meses más tarde, de acuerdo a lo fijado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Fiscalía, por contra, mantiene en su recurso que las actuaciones o parte de ellas estuvieron bajo secreto de sumario varios meses, por lo que ese cómputo de seis meses se habría extendido más allá del 30 de noviembre.

Esta perspectiva del fiscal es capital puesto que la detención e ingreso en prisión provisional de Ángel Fernández fue llevada a cabo el 28 de diciembre del año pasado y porque, en fechas inmediatamente posteriores, Luis Ángel Fernández, pasó a tener la condición de investigado en compañía de su exesposa.