Provincia de Cádiz

La Fiscalía insiste en el delito de prevaricación en Pinar de Coig

  • Recurre la sentencia que condenó a Rodríguez y Díaz a 15 meses de inhabilitación

La Fiscalía ha presentado recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cádiz porque no comparte la "calificación jurídica" que recoge la sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 y que condenó a Hernán Díaz y a Juan Carlos Rodríguez a 15 meses y un día de inhabilitación para cargo o empleo público por la omisión del deber de perseguir delitos en el caso de Pinar de Coig.

En el escrito del Ministerio Público se corrige además los errores que contiene la sentencia en cuanto a la petición de pena de la fiscal. Si desde Fiscalía pedían dos años de cárcel para cada uno de los acusados por un delito de prevaricación urbanística antes del comienzo del juicio, en las calificaciones definitivas se modificó la imputación de ambos por un delito continuado de prevaricación genérica, cuya pena oscila entre los siete y diez años de inhabilitación, pero no recoge penas de prisión. Y es esta petición la que vuelve a pedir el Ministerio Público en su recurso.

En el texto de apelación defiende que la conducta del ex alcalde de El Puerto, Hernán Díaz, y el que fuera delegado de Urbanismo de ese Ayuntamiento, Juan Carlos Rodríguez, "va más allá de impedir la persecución de una infracción penal, porque al tapar lo realizado por los propietarios de Pinar de Coig y permitirles urbanizar y no restablecer la legalidad urbanística demoliendo lo construido, es como si les hubieran concedido licencia, porque los han dejado fuera del alcance de cualquier mecanismo de corrección y reparación, tanto penal como administrativo, legitimándoles para una actuación antijurídica".

La fiscal argumenta que la sentencia recoge el "dolo directo por parte de los acusados bien al emitir los escritos o al omitir sus obligaciones en materia de disciplina urbanística". Si bien, el recurso analiza los distintos requisitos del delito de prevaricación en su vertiente comisiva y omisiva que sin embargo el juez no considera en su sentencia, a pesar de que uno de los procesados, Juan Carlos Rodríguez, remitiera varios escritos a las compañías eléctricas pidiendo que facilitasen el suministro a los propietarios de Pinar de Coig cuando se trataba de construcciones en suelo no urbanizable -la zona estaba catalogada en el PGOU como Sistema General de Espacios Libres- y por tanto sin licencia. Las discrepancias de la fiscal se centran en que el juez no reconoce estos escritos como decisorios o resolutivos.

La acusación particular en esta causa la ejerció la asociación Ecologistas en Acción, que solicitaba penas de prisión para ambos por los delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio, lo que sumaba cinco años de cárcel y nueve años de inhabilitación para cada uno de los procesados.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios