Provincia de Cádiz

La Fiscalía se opone a que la Operación Karlos la juzgue un jurado

  • La Audiencia decidirá en breve si devuelve el procedimiento al Juzgado

La Fiscalía no quiere un jurado para la Operación Karlos. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz ya ha recibido la respuesta del fiscal a su pregunta sobre si el caso debe juzgarlo un jurado en lugar de un tribunal de tres magistrados como está previsto ahora. Varios abogados defensores se han inclinado por el jurado; otros, con los que se ha alineado el fiscal, sostienen que el procedimiento debe seguir el camino que lleva.

La Sección Tercera dictará ahora un auto en el que decidirá si opta por e jurado o no. Ese auto, diga lo que diga, probablemente será recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Los abogados de los dos principales procesados de la Operación Karlos, una supuesta trama para la obtención fraudulenta de pensiones de incapacidad laboral con 30 acusados, tienen opiniones discrepantes sobre la cuestión que tiene detenido el caso en la Audiencia. Alfredo Velloso, abogado de Carlos Carretero, ex jefe de la Policía Local de Ubrique, quiere jurado. Felipe Meléndez, abogado de Francisco Casto Pérez Lara, inspector médico, no quiere jurado.

La Audiencia decidió consultar al fiscal y a los abogados porque el Tribunal Supremo dictó una sentencia el pasado verano en la que viene a indicar que deben ser juzgados con jurado todos los casos en los que coinciden delitos que corresponden al jurado con otros que no. Hasta ahora no había un criterio definido: casos similares han sido juzgados unos con jurado y otros sin jurado.

En la Operación Karlos sólo uno de los delitos por los que acusa el fiscal, cohecho, corresponde al jurado. Y no todos los procesados están acusados de ese delito. A la mayoría, el fiscal les imputa falsedad y estafa.

La Operación Karlos se remonta a 2006. Tras una larga instrucción, el caso llegó hace unos meses a la Audiencia y el juicio parecía cercano. Si el finalmente hay un cambio, el procedimiento regresará al Juzgado de Instrucción, que debe acomodarlo a la Ley del Jurado. Eso supondría un retraso considerable que se sumaría al que ya arrastra.

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