Provincia de Cádiz

La Fiscalía de Cádiz eleva una queja por la publicidad dada a la situación de Ricardi

  • La fiscal jefe envía un oficio a la Fiscalía General del Estado para que actúe contra la oficina de prensa de la Audiencia Nacional

La Fiscalía de Cádiz considera "inadecuada" la publicidad que se ha dado a los datos de la sentencia de la sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, que ha elevado a un millón de euros, más intereses, la indemnización que debe percibir el portuense Rafael Ricardi Robles, preso casi 13 años por una violación que no cometió. Un fallo que, de facto, ha prácticamente duplicado la inicial cantidad de 55.600 euros que el portuense percibió a finales de 2010 por el gravísimo error judicial del que ha sido víctima. Aunque, en la práctica, ha supuesto un revés inesperado para los abogados del portuense y para el propio afectado, ya que insta a iniciar su proceso de incapacitación, en base a los informes médicos y psicológicos presentados por sus defensores para reclamar una mayor cantidad de dinero.

Los abogados de Ricardi únicamente dieron a conocer el fallo, declinando facilitar la sentencia por incluir información relativa a su intimidad. No obstante, según ha podido determinar la Fiscalía, ha sido desde la propia Audiencia Nacional, y en concreto, desde su oficina de Prensa, desde donde ha partido "la publicidad" de esa información personal, haciéndose ya eco los distintos medios de comunicación.

Así las cosas, la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, ha elevado un oficio de queja a la Fiscalía General del Estado, concretamente, al Fiscal de Sala responsable de los asuntos relativos a Personas con Discapacidad, para que tome cartas en el asunto.

Y es que por Ley, las personas incapaces deben ser protegidas, lo que incluye lógicamente a los supuestos incapaces.

En cualquier caso, hay que dejar claro que, prospere o no ese proceso de incapacitación, para el que la Fiscalía debe realizar un informe pronunciándose en un sentido u otro, Ricardi recibirá ese millón de euros más intereses que le ha reconocido la Audiencia Nacional.

El propio Ricardi comunicaba hace pocos días a este diario su intención de no recurrir la sentencia, de cerrar página ya para poder seguir rehaciendo su vida. Su abogada, Antonia Alba, aprovechaba por su parte para reclamar que el caso de Ricardi se convierta en un punto de inflexión , que su sufrimiento " no quede en un mero asunto traducible económicamente sino que sirva para restituir su honor y fundamentalmente para que todos: operadores jurídicos, fuerzas y cuerpos y seguridad del Estado, medios de comunicación y la sociedad en general reflexionemos sobre la importancia que tiene el consagrado constitucionalmente principio de presunción de inocencia y el derecho que a todos nos asiste de tener un juicio justo y de que nadie sea condenado si no queda acreditada su culpabilidad"

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