Provincia de Cádiz

La Fiscalía se opone a que el caso de Ángel Ojeda sea investigado en Cádiz

  • Rechaza el recurso del exconsejero de Hacienda y considera que la causa ha de seguirse en el Juzgado de Mercedes Alaya

La Fiscalía Provincial de Cádiz se ha opuesto al recurso presentado por el exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda, ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz e insiste en que la investigación de los cursos de formación que afecta al exconsejero sea trasladada al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, cuya titular es la juez Mercedes Alaya.

Según detallaron ayer fuentes del caso, así ha respondido la Fiscalía Provincial al recurso de reforma presentado por Ojeda. Ahora, tras informar a las demás partes, el juez de Instrucción número 2 de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena, tendrá que resolver. Cabe recordar que Ojeda recurrió la decisión del juez de inhibirse en favor de la magistrada de Sevilla Mercedes Alaya en la investigación de los cursos de formación que le afecta, ya que, a su juicio, "no existe acreditación de que en juzgados diferentes se estén investigando los mismos hechos".

El juez López Marchena dictó en octubre un auto en el que se inhibía en favor de Alaya en la investigación iniciada el pasado mes de agosto tras la detención de Ojeda, al considerar que es la competente para investigar las presuntas irregularidades que se atribuyen al imputado, ya que la magistrada había iniciado una investigación por los mismos hechos con anterioridad y fue la que primero inició las oportunas diligencias.

En el recurso elevado al Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, al que tuvo acceso Europa Press, el abogado del exconsejero recordaba que el auto donde la juez imputó a su patrocinado "se limita a definir que en las diligencias previas" seguidas por su Juzgado "se investigan presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones excepcionales a AEA, Humanitas, Innova, Inteca y Natura desde la perspectiva del órgano concedente de la subvención". "Y así, con rotunda claridad, define que la investigación se circunscribe a una actividad delictiva presunta en grado de cooperación necesaria de delitos cuya comisión viene reservada para los funcionarios públicos (prevaricación y malversación)", exponía.

Frente a ello, en el Juzgado de Cádiz "el objeto de la investigación tal y como lo describe el atestado policial, viene conformado por presuntos delitos cometidos no por el órgano concedente sino por el beneficiario de determinadas subvenciones en materia de formación, en concreto, por Humanitas, y más en concreto, presuntas irregularidades cometidas en la gestión y justificación de dichas subvenciones".

Por todo ello, pedía al juez de Cádiz que reformara el auto recurrido, mantuviera su competencia y continuara la instrucción de la causa, algo a lo que la Fiscalía se opone tras realizar "muchísimas consideraciones" y haber ido "al fondo del asunto".

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