Destinado especialmente a miembros de la administración de Justicia y los cuerpos y fuerzas de Seguridad, el encuentro sobre 'Delitos contra la libertad sexual', consiguió llenar el salón de actos de la Delegación de Gobierno de la Junta en Cádiz. El tema de las jornadas -apuntaba la encargada de abrir las charlas, la catedrática de la UCA María Acale- lleva varios años bajo el foco de la atención social, sobre todo, a partir del caso de la Manada de Pamplona. La especialista hablaría de este asunto y de otros casos en relación con delitos de abusos y agresiones sexuales, además de las posibles reformas que podría afrontar la legislación al respecto. 

La inauguración de las jornadas, financiadas con fondos del Pacto de Estado, corrió a cargo del director general de Justicia Juvenil, Francisco Ontiveros, y el delegado territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, Miguel Rodríguez. Ontiveros recordó que, además de otras acciones formativas, desde la administración autonómica “se han venido reforzando los juzgados con competencias sobre todo en los pueblos, se ha puesto una Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) más en el Campo de Gibraltar y se ha reforzado la Fiscalía con competencias”, y apuntó que el Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA) ha atendido en Cádiz, durante el primer semestre de este año a “156 mujeres, y de ellas 81 son víctimas de la violencia de género". 

Con publicaciones como El delito de malos tratos físicos y psíquicos en el ámbito familiar o Discriminación hacia la mujer por razón de género en el Código Penal, la catedrática de Derecho Penal María Acale repasó durante la primera charla de estas jornadas la realidad social y legislativa sobre los delitos de índole sexual. Respecto al movimiento ciudadano que generó la sentencia del Tribunal Provincial de Navarra en el caso de la Manada, Acale destacó que "en ningún momento se reivindicaba más pena para los agresores, o la prisión permanente revisable, o un ampliación del registro de delincuentes sexuales, sino que sus reivindicaciones iban encaminadas a empoderar a la víctima y a subrayar que no compartían la calificación de los hechos como abuso y no como agresiones sexuales, que era lo que la opinión pública entendía. A la sentencia provincia siguieron, un par de autos de por medio, la del Tribunal Superior de Justicia y la del Tribunal Supremo, que dictaminó que, en efecto, el caso de los sanfermines había sido una violación múltiple, y no abuso. De alguna forma, fueron tres años de preocupación gratuita porque fue eso lo que el tribunal terminó defendiendo". 

La especialista recordó que el entonces ministro de Justicia solicitó una modificación de la ley sobre delitos sexuales, que recibiría después la ministra socialista: "Lo que nos da a pensar que, en el fondo, existe cierto consenso al respecto". 

Desde el punto de vista criminológico, reseño Acale, los delitos contra la libertad sexual son aquellos en los que el perfil sujeto activo es un hombre y el pasivo, una mujer. Se amparan en una construcción patriarcal del sexo, poco igualitaria, permeada por la idea de amor romántico, la pornificación de las relaciones sexuales y el inicio en el consumo de porno a edades muy tempranas. La catedrática también destaco la importancia de los lazos entre amistades masculinas centralizados en atributos sexuales y las conquistas. 

Al respecto, María Acale mencionó la última encuesta sobre delitos sexuales, la del 2017 del Ministerio del Interior: "Como muchas encuestas, presenta rincones ciegos. Por ejemplo, no hay ni un sólo dato referente a las agresiones sexuales colectivas", un tipología que, según datos de Fiscalía, ha aumentado en los últimos años. Acale señaló también otras cuestiones, como que el actual cuerpo legislativo incluye otro tipo de delitos, como el porno de castigo o las venganzas sexuales como delitos contra la intimidad; o el daño colateral que produce todo el proceso de denuncia y posterior juicio en las víctimas, la "revictimización": "Algo que podría entrar en el ámbito de la responsabilidad civil".

Existe una Reforma Ley Orgánica del Poder Judicial en delitos de violencia de género y de índole sexual, pensada para dotar de un conocimiento más específico en este tipo de delitos, aunque "se da por hecho -apunta Acale- que un juez conoce de sobra la Ley Orgánica de Igualdad o de Violencia de Género, pero se podrían potenciar las capacidades y destrezas para aplicar este derecho a casos concretos". 

Por ejemplo, bajo el derecho fundamental de la presunción de inocencia, "muchas veces puede parecer que implica la mentira de la víctima: si el sospechoso es inocente, la víctima puede estar mintiendo hasta que la sentencia diga lo contrario. Quizá con esta formación específica se quiere hacer llegar a un sentimiento de empatía hacia la víctima, respetando la presunción de inocencia". Otra cuestión, señaló Acale, es si puede el Derecho Penal hacer algo para reducir la revictimización. Acale también mencionó las propuestas de revisión sobre la separación entre abuso y agresión sexual, la reiteración de diversos actos con significación sexual durante el propio abuso o las actuaciones en grupo, "cuestiones sobre las que las que la jurisprudencia no ha llegado a un acuerdo claro".

En el encuentro, participaron también otros especialistas en el ámbito de la violencia de género, especialmente, aquellos delitos vinculados a las redes sociales o las agresiones grupales, como la presidenta del Instituto Andaluza de la Mujer, Ana Fidalgo; el director del Instituto de Medicina Legal de Cádiz, Mauricio Lorente; el fiscal delegado de Delitos Informáticos de la Fiscalía Provincial de Cádiz, Rafael Payá; o la responsable del turno de oficio especializado de asistencia a la mujer víctima de violencia de género del Colegio de Abogados de Cádiz, Yolanda Saborido.