El colectivo de ex trabajadores de Delphi sigue siendo un filón informativo. Muy a su pesar, pasan pocos días sin que su causa, la que está a punto de cumplir nueve años, sea noticia. 

Ayer fue otro de esos días. La causa judicial abierta a raíz de la investigación de los cursos de formación llevó a que los 420 ex trabajadores de Delphi que participaron en los cursos de la Fundación Universidad Empresa (Fueca) fueran demandados por el Servicio de Empleo Público (SEPE) que reclamaba la suspensión cautelar de la ayuda por desempleo que reciben (los 426 euros) y, en su caso, la reposición de lo recibido.

Ayer, un juzgado gaditano, el número 2 de lo Social, daba una alegría a este colectivo. Desestimaba la petición del SEPE de suspender ese subsidio por desempleo, es decir, podrían seguir percibiendo esa cantidad que, para muchos, es su único sustento hoy (así lo aseguran quienes aún los representan sindicalmente). Pero, sólo horas después, llegaba otro anuncio, en este caso del Juzgado número 3 de lo Social. Directamente, comunicaba a un grupo de unos 160 ex delphis la resolución del Ministerio de Empleo por la que se dictaminaba la suspensión de esa ayuda con fecha del pasado 1 de enero. Semanas antes, el otro Juzgado de lo Social, el número 1, también fallaba a su favor.

Ayer, era el portavoz de USO en Delphi, Miguel Paramio, el que mostraba su repulsa por esta doble decisión que, según sus cuentas, deja a un grupo en clara desventaja con los otros dos, estando todos en las mismas circunstancias. Ex delphis y ex delphis. 

Ya mostró su crítica hacia el hecho de que se hubiera separado la misma causa en tres sedes judiciales distintas. "Lo hicieron porque eran 420 casos", recordaba ayer Paramio. Y no paró ahí. El sindicalista mostró su "indignación" ante la "absoluta falta de humanidad" del Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz y del propio SEPE con la suspensión cautelar de las "mínimas prestaciones" que vienen percibiendo los extrabajadores de Delphi, lo que supone "condenarlos a la indigencia". Esto es así, recordó, porque además los juicios a este grupo de 160 ex operarios no se celebrará hasta enero de 2018.

En el razonamiento del Juzgado que ayer sí dio la razón a estos ex trabajadores (en este caso, los 163 que se agruparon en el número 2) se explica que la naturaleza del fondo jurídico "no depende del número de personas afectadas, sino del concepto a decidir: situación legal de desempleo o no cuando se concedió", agregando que, por lo actuado, "no hay discrepancia de hechos, sino calificación jurídica". 

Y añade que "el hecho de que los codemandados no intervinieran en un expediente sancionador, ajeno a estas demandas, no invalida la capacidad de solicitar la medida por el organismo demandante". No obstante, apunta que "no es objeto de la pretensión formulada una hipotética responsabilidad solidaria de terceros respecto a un posible reintegro". También recoge que existiendo "un problema de análisis de la legalidad aplicada en la primera resolución, no podemos en este momento procesal llegar a entender que ya hay un nivel de apariencia de buen derecho suficiente para estimar la medida" cautelar solicitada de suspender las prestaciones. 

El juzgado entiende que tampoco se cumple el requisito del "peligro en la posible no recuperación de importe indebido si se estima la demanda". En este sentido, ha indicado que "cada uno de los demandados sabe, desde que recibió la demanda o antes incluso, que hay una posibilidad de que tenga que devolver el importe percibido", existiendo además la vía ejecutiva si, llegado el caso, el beneficiario no reintegrase, incluso con la vía de embargo de pensiones.