Verdemar Ecologistas en Acción ha asegurado hoy en un comunicado de que el vertido procedente de los tanques que ardieron el pasado martes en Gibraltar “está poniendo en peligro” especies protegidas en Punta Carnero, una de las zonas más sensibles del Parque Natural del Estrecho. Han explicado que los intermareales del parque albergan tres especies de moluscos que cuentan con alguna figura de protección: la Patella ferruginea y el Dendropoma petraeum, recogidos en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas; y la Cymbula safian.

Los ecologistas han aseverado que tras el vertido “parte de ellos están inundados de residuos” y han acusado a la Junta de Andalucía de “ocuparse sólo de limpiar las playas de Getares y el Rinconcillo, escondiendo y eludiendo el vertido en el Parque Natural del Estrecho”.

Sobre el hallazgo de una tortuga boba y dos buitres leonados muertos y con manchas de residuos en El Chinarral en Algeciras, el portavoz de Verdemar, Antonio Muñoz, ha indicado que es preciso esperar los resultados de la necropsia. "Si se determina que el vertido causó las muertes y se piden responsabilidades, una vez más llega tarde y, lo que es peor, llega tarde cuando sabían lo que estaba pasando", ha declarado.

Muñoz ha añadido que el grupo ecologista ha reivindicado en “reiteradas ocasiones” un plan de autoprotección para el Parque Natural del Estrecho y ha recalcado que ahora «se ha demostrado que era necesario».

En el comunicado, difundido con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, denuncia “agresiones” al medio, como las operaciones de gasolineras flotantes en Gibraltar y la ausencia de una depuradora de Aguas Residuales en Algeciras, así como el “mal funcionamiento” de las depuradoras de otros municipios de la comarca.

También achacan a las industrias la presencia de disruptores endocrinos “que actúan como hormonas”, y “a enfermedad que sufren los alcornoques” del parque natural de Los Alcornocales “por la disminución del oxígeno en el aire”.

Por ello proponen a la Junta que estos espacios forestales entren a formar parte de la Ley de Espacios Protegidos de Andalucía y exigen a la Consejería de Medio Ambiente que “se desligue del control político y empresarial”.