Ecologistas en Acción ha presentado en la Fiscalía de Cádiz una denuncia contra el socialista José Rafael Reyes Pérez, ex alcalde de Benaocaz por, presuntamente, haber dado licencia de obras para la construcción de «un enorme bloque de 24 viviendas con altura y edificabilidad muy superior a lo permitido por las normas urbanísticas de esa localidad y en suelo que era de propiedad municipal y destinado a viviendas protegidas».

  Según ha explicado el colectivo ecologista en un comunicado, la referida licencia fue otorgada por el entonces alcalde a pesar de constar sendos informes técnicos «contrarios» del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de Cádiz, que advertían de que el proyecto «incumplía de forma grave las normas urbanísticas». 

  El hecho es «más grave» si se tiene en cuenta que esta parcela era de propiedad municipal y estaba destinada en las normas urbanísticas del municipio a la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO). Sin embargo, el alcalde «vendió la parcela a una empresa constructora, Procicu S.L., para la construcción de 24 viviendas de renta libre», lo que, en opinión de los ecologistas, «supone una doble ilegalidad».  

  Ecologistas en Acción expone en su denuncia que entiende que «se ha vulnerado la normativa en vigor y que se ha dictado una resolución, no sólo injusta, sino contraria a la legislación vigente, pese a la advertencia de las ilegalidades que estaba cometiendo el Ayuntamiento de Benaocaz y en concreto el propio alcalde José Rafael Reyes Pérez».

  El colectivo denunciante ha señalado que en enero de 2008, cuando el bloque estaba todavía en construcción, presentó sendas denuncias ante las consejerías de Medio Ambiente y Obras Públicas, así como ante el presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema. Sin embargo, «ninguna de estas instituciones hizo nada, permitiendo la terminación de las obras». 

  Según detallan, fue otro alcalde, concretamente Juan María Mangana (PP), el que dictó un decreto suspendiendo los efectos de la licencia de obras, anulación que fue ratificada por sentencia de 6 de octubre de 2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez de la Frontera.

  No obstante, «el edificio sigue en pie» y el Ayuntamiento de Benaocaz, «otra vez presidido por un alcalde socialista», apostilla Ecologistas en Acción, «no ha emprendido acción alguna pra restaurar la legalidad urbanística, reponer el terreno a su estado anterior y reclamar la titularidad pública de estos terrenos por haber sido la venta manifiestamente ilegal». 

  Los ecologistas entienden que Reyes Pérez podría, cuando se concedió la licencia, haber cometido los delitos de «falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, delito de prevaricación urbanística, delito de prevaricación, contra la ordenación del territorio y fraude especial cometido por autoridad abusando de su cargo». 

  A la vista de la «manifiesta negligencia, cuando no patente complicidad» con estos hechos «ilegales», los ecologistas no excluyen que la denuncia pueda hacerse extensible a otros responsables públicos que, «teniendo la obligación de actuar al tener perfecto conocimiento de estas ilegalidades, no lo hicieron, como pueden ser los responsables de las delegaciones de las Consejerías  de Medio Ambiente y Obras Públicas, el director del Parque Natural y el presidente de la Junta Rectora de este espacio protegido».