Medio ambiente

Diputación ignoró un informe interno que denunciaba los sobrecostes de la planta de residuos

  • Los alcaldes de IU afirman que la empresa Bioreciclaje cobra por servicios que no realiza. Los ayuntamientos mantienen una deuda millonaria con la empresa 

Los alcaldes de Izquierda Unida afectados por la gestión de Bioreciclaje, durante su comparecencia en Cádiz / Lourdes de Vicente

Los alcaldes de Izquierda Unida afectados por la gestión de Bioreciclaje, durante su comparecencia en Cádiz / Lourdes de Vicente / Lourdes de Vicente

Diputación ha hecho oídos sordos durante un año a un durísimo informe firmado por la entonces vicesecretaria de la institución provincial (hoy secretaria, máxima autoridad jurídica del ente) contra Bioreciclaje, empresa concesionaria de la planta medioambiental de tratamiento de residuos de Miramundo. En este informe se arrojan dudas sobre la legalidad de la fórmula en que se realizó la concesión e incumplimiento de la misma de algunos servicios por los que cobra. 

Los alcaldes de IU en la provincia han dado hoy a conocer el informe, una vez que les haya llegado, según Fernando Macías, alcalde de Medina, gracias a un rebote. Pese a que todos habían pedido información sobre la gestión de la planta, después de haberse quejado de las altísimas tasas por tonelada que cobraba la empresa, sólo el alcalde de Trebujena, Jorge Rodríguez, recibió una copia en su correo electrónico. Su sorpresa fue mayúscula, ya que ni sabían que se había realizado ese informe de 19 páginas. Su otra sorpresa fue comprobar que, siendo tan categórico lo que allí se contaba, estaba firmado el 7 de marzo del año pasado.

Desde entonces y hasta hoy, y con el informe en el que se denunciaba que Bioreciclaje estaba cobrando por encima de los servicios que prestaba, los ayuntamientos han tenido que seguir pagando facturas que consideran desorbitadas. "Nosotros en verano, con el triple de la población y, por tanto, generando el triple de basura, podemos pagar hasta 90.000 euros -explica Juan Manuel Bermúdez, alcalde de Conil-. Nadie, en ningún pueblo turístico de Andalucía paga esas cantidades, pero el colmo es que además pagues por algo que no se hace". 

Los alcaldes han pedido una reunión urgente de la junta del Consorcio que gestiona los residuos en 37 de los 44 municipios de la provincia. El Consorcio se desvinculó de la gestión de Miramundo cuando Diputación decidió, en los años 90 y con el PSOE gobernando, privatizar el servicio. La adjudicataria fue Bioreciclaje, una unión de empresas detrás de la que se encuentran algunas de las principales constructoras del país. El Consorcio sólo cuenta con un 2% de esta empresa, aun que en su día llegó a tener el 51%. Precisamente, el que esta empresa fuera privada y que la concesión se hiciera sin concurso público es uno de los motivos que esgrime el informe para afirmar que la concesión es nula. Los alcaldes de IU van a pedir que la gestión de la planta regrese a manos públicas.   

IU ha remarcado además el hecho de que la “encomienda de gestión” a Bioreciclaje tampoco se hiciera de manera adecuada, puesto que esta figura de encomienda no está prevista para entidades cuyo capital no es íntegramente público. De esta manera, “se podría estar incurriendo el principio de pública concurrencia”, según la propia Vicesecretaría.

"Te da apuro exigirle a una empresa a la que debes 20 millones que haga inversiones"

Javier Pizarro, alcalde de Alcalá, era presidente del Consorcio cuando se emitió el informe y reconoce que no supo de su existencia. "Estábamos en campaña y en otras cosas y el informe quedó ahí". Sin embargo, apunta su propia visión de las cosas. Reconoce que Bioreciclaje no cumplía con algunas de las condiciones pactadas, "pero es que te da apuro exigirle a una empresa a la que le debes veinte millones de euros que haga inversiones". También indica que fue vicepresidente en 2011 y, cuando regresó en 2015 ya como presidente del Consorcio, "aquello no tenía nada que ver".

Su ayuntamiento, como la mayoría, es deudor de Bioreciclaje. Le cobran 50 euros por tonelada, paga 12 por el transporte, aunque el transporte lo hace su Ayuntamiento. "Es un asunto complicado, pero lo cierto es que la basura no está en los pueblos y nadie está obligado a estar en el Consorcio. Yo no sé cómo fue la adjudicación, pero hubo una solución al problema del vertedero de Miramundo y también sé que la planta no es ningún negocio. Todos somos un poco responsables de lo que sucede allí y lo cierto es que cuando convocaba una reunión de alcaldes del Consorcio, de los 37, si venían nueve, ya habían venido muchos". 

El presidente del Consorcio actual, Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque y portavoz del grupo socialista en Diputación, ha manifestado a este medio que las irregularidades que denuncia el informe son anteriores a su toma de posesión, el pasado octubre, y que se está trabajando con Bioreciclaje para cambiar algunas cosas. Ruiz Boix también recuerda que la concesión se entregó siendo vicepresidente de Diputación el anterior alcalde de Conil, Antonio Roldán, también de IU. "Algo tendrá que saber más que yo de aquellas irregularidades". Según los alcaldes de IU, Ruiz Boix, de momento, se ha negado a asumir el sillón que le corresponde en la junta de accionistas de Bioreciclaje. 

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