La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha lamentado que cinco municipios de la provincia hayan quedado excluidos del reparto de fondos para la puesta en marcha de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), tal y como publicó ayer el Boletín Oficial del Estado. "Espero que el Ministerio de Hacienda rectifique", ha afirmado Irene García, que ha citado los datos de desempleo y la cohesión territorial como fundamentos que justifican que estos fondos lleguen a concederse. "Resulta muy llamativo que determinados ayuntamientos se hayan quedado fuera, con la necesidad que existe de crear empleo y revitalizar su economía", ha explicado la presidenta, que sí ha mostrado su satisfacción por que buena parte de ellos hayan sido asignados a proyectos de San Fernando, Conil, Algeciras, Jerez, El Puerto, Sanlúcar y La Línea.

Irene García hizo mención a las estadísticas conocidas en el día de ayer sobre el paro en la provincia, que arrojan cifras demoledoras, como que de las 8.206 nuevas personas desempleadas en el mes de septiembre, 6.458 son gaditanas. "Un dato que de por sí ya debe servir de alarma y de justificación", para que los proyectos presentados por los ayuntamientos de Cádiz, Chiclana, Rota, Los Barrios y San Roque hubieran sido aceptados, según la presidenta.

Irene García ha afirmado que el Ministerio "ha hecho un uso torticero de estos fondos" ya que no se ha tomado en cuenta a las diputaciones en el reparto de estas ayudas para que hubieran sido los "baluartes para favorecer la cohesión territorial", y ha replicado al portavoz del Grupo Popular, José Loaiza, que había criticado que la entidad provincial no hubiera concurrido a solicitar estas ayudas. "La resolución del Boletín Oficial del Estado fue la evidencia de lo que sabíamos que iba a pasar", ha afirmado la presidenta de Diputación, que ha lamentado que durante un mes Loaiza haya estado "alarmando" cuando se sabía que la Diputación de Cádiz no podía tener acceso a esos fondos. Como prueba, García ha recordado que el propio Loaiza utilizó ejemplos de proyectos de otras diputaciones que ahora en muchos casos ni siquiera han llegado a ser baremados, acreditando lo que el Gobierno provincial venía afirmando.

De hecho, la práctica totalidad de las diputaciones de España han sido descartadas en su acceso a estos fondos: Ciudad Real, Albacete, Barcelona, Orense, Guipúzcoa, Sevilla, Almería y Granada, entre otras. En Andalucía, únicamente se ha tenido en cuenta un proyecto impulsado por una diputación, la de Málaga, que respondía a uno de los casos recogidos en la convocatoria y que no existe en la provincia de Cádiz, como es un proyecto liderado por un municipio mayor de 20.000 habitantes (Antequera) con intereses comunes con otros de menor población aglutinados en torno a un elemento de dinamización socioeconómica.

En el caso concreto de Cádiz, "ha quedado claro y manifiesto que la Diputación no podía acceder a esos fondos", ha afirmado la presidenta, quien ha recordado que en la provincia no existe caso alguno de conurbación de población superior a 20.000 habitantes constituida por pequeños municipios, que hubiera sido la única fórmula susceptible de concurrir a esta convocatoria. "Del examen de los proyectos aprobados se constata que en la provincia no existe ningún caso similar a los que han sido impulsados por diputaciones y que han sido finalmente financiados", ha explicado.

Finalmente, la presidenta de la Diputación ha calificado las acusaciones que se han venido haciendo por parte del Grupo Popular acerca de una supuesta dejación de funciones como "una gran mentira que se evidencia con un documento oficial como el Boletín Oficial del Estado". Y ha recordado que la hipotética presentación de proyectos que se sabían condenados de antemano al fracaso hubiera conllevado un coste inútil en materia de asistencia y recursos técnicos, como ya se advirtió desde el primer momento por el propio Ministerio de Hacienda, autor de la convocatoria.