Los despedidos de una contrata del Servicio de Recaudación consideran que la Diputación tiene que subrogar sus empleos después de que la Inspección de Trabajo levantara acta de infracción por cesión ilegal de trabajadores. La empresa a la que pertenecían prestaba un servicio para Diputación desde hace varios años pero la institución provincial ha decidido no renovar el contrato que terminó este 3 de agosto.

La carta de preaviso a estos trabajadores llegaron dos meses después de conocerse la sanción que la Inspección de Trabajo ha abierto a la Diputación de Cádiz y a la empresa por cesión ilegal de mano de obra, al considerar que realizaban la misma tarea que los  trabajadores de la institución provincial, pero con unas diferencias de cotización y "salarios inferiores", desde 2014 hasta la actualidad. A esta se sumó una nueva inspección por la misma cuestión en la oficina de Puerto Real.

Los trabajadores, a través del secretario general de UGT Cádiz y su representante sindical, mantuvieron un encuentro con la diputada de Función Pública, Encarnación Niño, y el director de Servicios Económicos, Jesús Solís. Desde la Federación de Servicios Movilidad y Consumo de UGT Cádiz, creen "que el despido de los trabajadores, incluido el de su representante sindical, no es más que otra forma de represalia por la resolución de la Inspección de Trabajo".

Por su parte, desde la Diputación insisten en que no pueden subrrogar "sin una sentencia judicial de por medio" y "no tendríamos problema en hacerlo" si así lo dictamina un juez. La diputada de Personal ha querido desvincular el fin de este contrato -proveniente de un convenio con el Catastro-, "heredado", que "ha quedado antiguo" y "con unos precios difícil de continuar"; con la sanción de la Inspección de Trabajo, a la que han presentado alegaciones. Niño manifestó que el tema lo están consultando con técnicos de la institución y externos y "no podemos subrrogar sin una sentencia judicial por medio".

La Diputación comunicó a la empresa Asesores Locales Consultoría que el 3 de agosto finalizaba su contrato y el pliego de contratación después de bastantes años. "Esta empresa no se renovará ni tienen intención de licitarlo con otra", afirman fuentes sindicales. Según estos trabajadores, las normativas apuntan a que la administración debería subrrogarle si presta directamente el servicio -por reversión del servicio-. Este lunes los trabajadores de ACL se presentaron en el puesto de trabajo en la Zona Franca, pero no pudieron acceder.