En la lista de las 100 fortunas más importantes del país, la revista Forbes incluía recientemente dos nombres gaditanos: Santiago Domecq Bohórquez ocupaba el número 67 con un capital de 400 millones; mientras que Silvia Mora-Figueroa Domecq, también jerezana, ocupaba el número 82, con un capital de 350 millones. Agricultura, ganadería, acciones.

Los dos nombres aparecen en la segunda mitad de la lista, pero las cantidades son, por supuesto, siderales. Aún más si las comparamos, por ejemplo, con la renta media bruta de la provincia: 23.319 euros (19.610 de renta disponible). Y no vamos muy mal: Cádiz es la tercera capital de provincia con mayor renta disponible, con 22.708 euros. Podríamos hablar de las rentas medias en Alcalá del Valle (14.788 euros), El Gastor (14. 205) y Puerto Serrano (12.614). La comparativa, gruesa, inexacta como es, mueve a pensar que algo queda de los tiempos de cuchará y paso atrás.

“La desigualdad está correlacionada con el empleo –apunta Javier Cabeza de Vaca, presidente del Colegio de Economistas de Cádiz–. En este sentido, la OCDE estima que, en España, el 80% de la desigualdad tiene que ver con el desempleo. Sin embargo, estudios como el informe Foessa denuncian situaciones de pobreza en personas ocupadas. Pero, inevitablemente, la calidad del empleo influye en la desigualdad, los empleos precarios impiden la integración social del trabajador (temporalidad, parcialidad, salarios bajos, uberización)”. Y advierte, “en un contexto de bajo crecimiento y elevado desempleo, disminuye la capacidad de negociación de los trabajadores y de contratación por parte de las empresas”. “Además –continúa–, las poblaciones rurales que pierden habitantes y dinamismo económico son las de menor renta por habitantes”.

¿Es la renta un factor absoluto a la hora de medir el éxito de una sociedad? El economista Richard Wilkinson asegura que, a no ser que estemos hablando de países muy pobres, con ingresos de miseria, no importa tanto el nivel de ingresos (subrayemos el tanto) como el nivel de desigualdad. Hecho que explica por qué países con un tejido socioeconómico tan distinto como Suecia o Japón no chirrían a nivel de desigualdad: puedes tener una alta diferencia de ingresos, pero compensarla con un nivel impositivo justo y de sostén social; o puedes tener un modelo de ingresos base más igualitario.

Bien, ¿cómo estamos nosotros? El índice de Gini (el tradicional medidor de desigualdad) suele colocar a España a la cola de la Unión Europea: es otro de nuestros clásicos, como el informe PISA. Según los últimos cálculos de la UE (2018), España estaba la quinta por la cola con un 33.2, sólo superada por Bulgaria, Letonia y Lituania. Italia, con un 33.4, nos aventajaba ligeramente. El 33.2 es la media nacional, claro está. El último registro en Andalucía, en 2017, arrojaba un coeficiente de 35.5 frente al 34.1 nacional: algo más de un punto de diferencia. Y un dato sobre el que, digamos, reflexionar: hasta el estallido en nuestra cara de la crisis, a partir de 2008, el índice de desigualdad en Andalucía solía estar más o menos asimilado al nacional. Desde ese momento, lo habitual ha sido estar un punto por delante (o más bien, por detrás) de la media.

“Efectivamente, los datos muestran que el periodo de expansión no ha mejorado la realidad económica”, comenta Cabeza de Vaca. Y eso, a pesar de que han mejorado algunos indicadores absolutos: de 2012 a 2019, la tasa de desempleo ha bajado del 26,2% al 14,2%; el SMI ha subido a 1050 euros; el PIB per cápita ha pasado de 22.562 euros a 25.730.

“Considero que debemos buscar las causas en distintas variables –indica el economista–. Es evidente que algo ha fallado, las transferencias y subsidios no han tenido el efecto deseado. A mi juicio, el modelo económico que basó la competitividad en un aumento de la productividad vía reducción de costes (principalmente, salarios) da muestras de agotamiento y es difícil sostenerlo en el tiempo. Entiendo que la competitividad sostenible en el mercado global debe fundamentarse en la innovación, desarrollo tecnológico, investigación, desarrollo y la formación de calidad. Es decir, estrategias de diferenciación sobre estrategias de costes”.

El coeficiente de Gini en Andalucía en 2017 se situó en un 35.5

Para Rafael Lara, de la APDHA, “una de las consecuencias de la crisis ha sido el crecimiento exponencial de la desigualdad. Ya de entrada, partíamos de índices negativos respecto a Europa.Esta inercia se ha cebado en comunidades y provincias como Cádiz, con poca capacidad de respuesta para el empleo y demás –señala–. Lo que ha hecho la crisis, en realidad, es que los problemas económicos generados por la avaricia de unos cuantos (especulación de la vivienda, fondos buitre, subprime...) se descarguen sobre las espaldas de la gente más desfavorecida. Pero los más ricos no han sufrido las consecuencias”. Según el Eurostat, en los cinco años siguientes al estallido de la crisis, las personas con rentas más altas fueron incrementando sus ingresos en un 1,9% anual; los de rentas más bajas, vieron adelgazar sus ingresos anuales entre un 0,5% y un 1,9%.

Y otro dato sobre el que, digamos, reflexionar: el coeficiente de Gini de desigualdad en Cataluña es de un “envidiable” 30.3. El caso del País Vasco parece directamente de otro planeta: un 26,7 –a nivel europeo, están en la misma escala que Austria y Suecia–.

“Desgraciadamente –añade Cabeza de Vaca–, el lugar de residencia influye en el nivel de renta: no tiene las mismas expectativas de renta quien nace en Namibia que quien nace en EE.UU. Lo que es más difícil de entender son las diferencias entre las comunidades autónomas”. Las diferencias entre el PIB regional por habitante en España son sustanciales: de los 34.916 euros de Madrid, los 34.079 euros de País Vasco, los 31.809 euros de Navarra o los 30.769 de Cataluña, pasamos a los 18.174 euros de Extremadura o los 19.132 euros de Andalucía: “Estos datos son elocuentes, y deberían ser objeto de una reflexión seria, que evaluara las políticas de convergencia que se han ido aplicando –prosigue Javier Cabeza de Vaca–. En este sentido, las tensiones políticas entre autonomías son un lastre: a mi juicio, subsidiar no es la solución; además de cubrir necesidades sociales, la gestión de los recursos debe orientarse a cubrir las brechas de competitividad regional”. 

La media del coeficiente Gini en España en 2018 fue de 33.2. En 2017, marcó un 34.1

“La provincias en las que el sector industrial tiene más peso en el PIB generan mayor renta por habitante –comenta Javier Cabeza de Vaca–. Esta puede ser una de las causas que expliquen la baja renta per cápita de la provincia: el sector industrial sólo representa el 15% del PIB. La escasa implantación de la tecnología y la mayor proporción de pequeñas empresas en nuestro tejido, también influyen en la calidad del empleo”.

“Solemos hablar de Cataluña como si fuera nada más que una fuente de conflictos, pero también estamos hablando de una sociedad muy dinámica y con mucha capacidad de emprendimiento –desarrolla Rafael Lara–. Cataluña y, sobre todo, País Vasco, tienen una política social mucho más estructurada, muy potente en temas de inclusión, salario mínimo, renta básica, conciliación, ingreso familias monoparentales, etc”.

Desde Europa, a la hora de calibrar nuestra persistente desigualdad, nos llaman la atención sobre dos factores: el uso generalizado de contratos temporales –según la Eurostat, lideramos los contratos temporales de menos duración: nos siguen Croacia e Italia. Creo que no hay mucho más que explicar–; y el diferencial que aún sufren las mujeres. Además de cuestiones como la brecha salarial –las andaluzas, por ejemplo, cobramos 4000 euros menos que los andaluces al año–, está la sangrante evidencia de que, gran parte del trabajo invisible (kellys, limpiadoras, cuidadoras) es femenino. Y atención a este dato: un 72,91% de las mujeres con jornada parcial, lo hacen por motivos familiares o de forma involuntaria. La estadística dice que, de cada cuatro contratos a tiempo parcial, tres son firmados por mujeres.

Que los salarios y el empleo son nuestra bestia negra (una bestia que crece cuando más se acerca el foco), lo señala la propia OCDE, que indica que España ha de superar una serie de desafíos para garantizar el crecimiento inclusivo. Dentro de los indicadores de bienestar, el empleo y los salarios están en el subsuelo: al respecto, ocupamos el puesto 33 de los 35 países de la organización. Respecto a ‘Educación y habilidades’, ocupamos el 28. También somos el séptimos país del mundo con mayor proporción de trabajadores pobres. ¿En qué estamos a la cabeza? En ’Relaciones sociales’: ya saben, lo de vivir bien y eso.

El coeficiente de Gini en el País Vasco es de 26.7: muy por debajo de la media de la UE, 30.6.

Bien, tomemos la educación como último garante: la teórica llave a la escalera social para aquel que no tenga colchón. En el último Informe de Equidad en Educación, también desarrollado por la OCDE, España estaba en el ecuador de la tabla (48%): una cifra que indica que la mitad de estudiantes de clases pobres se concentran en escuelas de condiciones desfavorecidas. A los recortes continuados que ha recibido la enseñanza pública en los últimos años, se une la reciente política de cierre de líneas y la progresiva disminución de presupuestos que prevé Educación en sus inversiones en centros de la provincia: de los 76 millones presupuestados para construcción y dotación de equipamiento durante este año se pasaría a los 54 millones en 2021.

Y, ¿qué hay de la otra válvula, el sistema sanitario? “El gasto público en salud tiene una moderada capacidad de reducir desigualdades sociales –comenta Javier Padilla, médico generalista y autor de ¿A quién vamos a dejar morir? (Capitán Swing)–. La desigualdad ya ha hecho su trabajo cuando el paciente llega al sistema sanitario: lo que tiene la sanidad es cierta capacidad para amortiguar, para llegar a personas que están aún más desfavorecidas, ya se por nivel educativo, por renta baja, por género”. 

Menciona cuestiones como que, en los barrios de renta baja, hay más locales de venta de comida rápida cerca de los colegios, o que los desempleados fuman más que aquellos que tienen trabajo. “Otra cuestión –continúa Padilla–, son los descubrimientos científicos y adelantos tecnológicos. Muchos de estos avances se llevan a cabo y se comercializan a precios prohibitivos, a costa de conocimientos que se han generado a partir de recursos públicos: los pagamos dos veces, comprándolos cuando ya se ha desarrollado y financiándolos cuando se están desarrollando”.

Al respecto de la desigualdad estructural, Padilla apunta que, en el año 2013, un estudio analizaba que lo nocivo para la salud de la población no eran tanto las crisis económicas como las políticas de austeridad y contracción del gasto público. “El problema en España –explica– no es sólo que en el periodo 2009-2016 se haya adelgazado notablemente el sistema sanitario, sino que se ha acompañado de un adelgazamiento de las políticas públicas con capacidad de protección social”.

“El nivel socioeconómico debe ser contemplado de la misma forma que el tabaquismo al abordar el riesgo de morir”, dicen en el British Medical Journal. El famoso chascarrillo de psicólogo: “Usted no necesita terapia, necesita un sindicato”: “No te creas –refrenda Padilla–. Muchas veces, ese es el último gesto tras un tratamiento o desviar a especialista: dar el número del sindicato”.