El fraude al sistema es tan antiguo como la democracia en este país. Una vez creado el subsidio de desempleo, no tardaron en producirse los primeros casos en los que un trabajador cobraba del Estado (es decir, del resto de ciudadanos) por no poder encontrar un empleo pero, por el contrario, se llevaba un sueldo bajo cuerda a casa mes a mes.

Según los datos aportados ayer por el subdelegado del Gobierno en la provincia, la Inspección de Trabajo en lo que va de año ha levantado casi mil actas (concretamente 994) por casos de personas que se dedicaban a esto precisamente: cobrar la prestación de desempleo mientras seguían trabajando.

Según dijo Javier de Torre, el subdelegado, "se trata de cifras importantes". A todo ello se ha unido el hecho de que desde la comisión antifraude se haya detectado un, llamémosle así, estado de connivencia para cobrar prestaciones en 251 casos en los que eran los propios empresarios (reales o ficticios), los que procedían a entregar ante la autoridad laboral altas ficticias el tiempo suficiente como para que, acto seguido, el presunto beneficiario cobrara una ayuda salida de las arcas públicas, es decir del dinero de todos, sin tener derecho a ello.

Por otra parte, cabe destacar que las actuaciones de la comisión antifraude se centrarán en los sectores productivos, algo que ya se ha hecho por ejemplo a nivel de talleres ilegales de motocicletas. Los diferentes departamentos de la Administración se han comprometidos a intercambiarse datos "en la medida que la ley lo permita".