Provincia de Cádiz

Cultura retrasa una vez más la reforma de la Casa Consistorial

  • Patrimonio solicita documentos sobre la demolición de una de las escaleras del inmueble

Tiene la actuación de reforma de la Casa Consistorial una suerte contraria, cuanto menos. Sin entrar siquiera en los futuros problemas de financiación, que por ahora son eso, futuros, la obtención del visto bueno definitivo del proyecto se vuelve a demorar más de lo esperado. De esta manera, este periódico ha podido saber que el documento se encontraba días atrás en manos de la Comisión de Patrimonio, dependiente de la Delegación Provincial de Cultura, un organismo que una vez más -ya lo hizo hace dos años- ha vuelto a poner un freno -en esta ocasión, eso sí, menor que el anterior- en la aprobación de la obra.

En esta ocasión, los motivos alegados se centran en una zona del interior del inmueble, en concreto en la sustitución de una escalera metálica, sobre la cual la Comisión solicita al departamento de restauración un informe que justifique la demolición de la misma. Además, respecto a este mismo punto demandan planos sobre la propuesta de la nueva escalera, planificada en madera. La Comisión insiste además en otro aspecto, el de la vigilancia arqueológica, especialmente necesaria en la zona del sótano justo en el momento en que se produzca el vaciado de tierras.

De esta manera, para que Patrimonio y por extensión, Cultura puedan dar su informe favorable al proyecto necesitan que todos estos aspectos se garanticen, una administración que tiene un peso importante en el respaldo a la actuación puesto que este inmueble está considerado Bien de Interés Cultural (BIC) y debe ser protegido y vigilado en cualquier reforma que se le introduzca.

Precisamente a este aspecto -al de su importancia patrimonial e histórica-se ha aferrado el Gobierno local para demandar una alternativa a la propuesta de financiación de la obra existente, ya que cada adminisitración debe aportar nueve millones de euros, una cifra inasumible por el ente municipal, quien insiste a la administración autonómica en una mayor implicación económica en el proyecto.

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