La alcaldesa de Rota, Eva Corrales (PP), desconocía el origen de la adjudicación de las bandas para las diferentes fiestas municipales y para la ornamentación de los edificios. En la fecha en la que constan las irregularidades por los encargos al funcionario que se encargó de esta tarea ella era concejala de Fiestas y, posteriormente, de Relaciones Institucionales. Ayer en la primera sesión del juicio por el cobro de las horas extras de M.G. no se salió de ningún guión y se remitió a declarar que a su llegada a la Delegación de Fiestas en junio de 2003 se limitó a seguir la misma forma de actuar que se había seguido hasta entonces.

"Cuando llego me dicen que hay un problema con las bandas y me explican que esto se hace a través de un funcionario", explicó Corrales. Por entonces, el funcionario elaboraba las bandas de sirenas, ninfas del Carnaval y damas de las fiestas patronales. A través de un taller de costura que tenía junto a su mujer, se realizaron durante años los bordados de las bandas y, si bien la autoría siempre se aseguró que era de M.G., las facturas durante un tiempo estuvieron a nombre de la esposa de éste. "No sabía que las facturas se estaban haciendo a nombre de su mujer. Sólo firmaba los recibos. No sabía por qué se hacía así, nunca me lo pregunté. Seguramente ni me habré fijado, lo hice como se venía haciendo", manifestó Eva Corrales que también aseguró que ella "no encargó directamente" dichas tareas.

Según la acusación de la Fiscalía, estos trabajos fueron encomendados a dedo a este funcionario, por lo que se incumplió la legislación y se incurrió en un delito de prevaricación. El Ministerio Público reclama para Corrales cuatro años y ocho meses de prisión y 15 de inhabilitación. Este trabajador era auxiliar de Gestión Tributaria, una labor muy diferente. Los cobros hasta 2007 se efectuaron mediante facturas a nombre de su mujer sin que nadie se preguntase al respecto por qué se hacía así. Entonces M.G. solicitó que se le incluyese en nómina estos trabajos y así se lo hizo saber al departamento de Personal. A partir de aquí, se incluyeron estos trabajos como horas extras en la nómina. Corrales en todo momento negó vinculación alguna con el hombre a quien se le delegó esta tarea y con su esposa.

El funcionario compareció ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial para clarificar que recibió el cometido por parte del encargado de Fiestas y que él cobraba según el número de horas. "No le incluía la materia prima, lo que valía era el tiempo trabajado", testificó. El funcionario atestiguó que él no puso el precio. Respecto a la facturación a nombre de su mujer expuso que "alguien dijo que se hiciera así; todos sabían que se hacía así" y que las facturas las realizaba el Ayuntamiento. Incluso aseguró desconocer que no se pudiera contratar a un funcionario para otras labores ajenas a su función habitual. "Hacía esto fuera de mi horario de trabajo, por las tardes, los fines de semana e incluso en vacaciones", aseveró. Por su parte, la esposa del funcionario se acogió a su derecho a no declarar.

El técnico responsable de Fiestas testificó que desde que entró en 1988, M.G. "ya se dedicaba" a esta labor y que siguió "con la tradición". Asimismo, reconoció que el precio se configuraba según las horas trabajadas y que las facturas necesitaban su firma y  la del delegado (Corrales y luego Puyana). "Cuando a mí me llegan los partes de hora, me tengo que fiar porque tengo más cosas que atender. Cuando pasan las fiestas veo las horas y me parecen normales", admitió. La alcaldesa de Rota, Eva Corrales, que según el fiscal autorizó pagos al funcionario por 7.860 euros con recibos a nombre de su mujer y un total de 42.363,306 euros en concepto de 4.398 horas extras, ratificó que se cambió de un sistema a otro "a iniciativa" del propio trabajador municipal y que nadie puso inconveniente. Tanto el encargado de Personal como el interventor comparecieron para justificar esta forma de actuar y no vieron indicio alguno de irregularidad en la contratación del funcionario e incluso hicieron alusión a un estatuto interno, por el que un trabajador podría llevar a cabo acciones de otra naturaleza por encargo del Ayuntamiento. No obstante, ni el primero ni el segundo sabían de las facturas firmadas por la esposa pese a que llegaron a aprobarse presupuestos con el nombre de la cónyuge de M.G. "No había motivos para poner reparo al presupuesto a favor de ella", garantizó el interventor. Los pagos de gratificaciones extraordinarias se hicieron fraccionados y en ninguna  parte se argumentan los cobros.

Ismael Puyana, concejal de Fiestas durante 2007 y 2008, convino en decir que "este señor siempre hacía estos trabajos" para justificar su adjudicación. "Él sabía que tenía que hacer y tan sólo se le decía cada año el número de bandas", resaltando Puyana el automatismo que suponía la confección de las bandas para el funcionario. Para la Fiscalía, el hecho de que M.G. aparezca en ciertas mensualidades siendo de largo el trabajador con más horas extras, con al menos 270 horas en ciertas ocasiones, es lo que resulta más sospechoso.

También compareció Lorenzo Sánchez, ex alcalde de Rota y primer teniente de alcalde, que sí reconoció que se aprobaron en juntas de gobierno local los contratos y que conocía la función de Manuel. "Antes no sabía lo del funcionario, ahora sí, pero creo que es correcto", aseguró Sánchez sobre la legalidad del movimiento. Tampoco era consciente de las facturas a nombre cambiado hasta hoy y negó cualquier relación con el funcionario y su esposa. Igualmente alegó que se adjudicaban los contratos por los informes favorables previos. "En una junta de gobierno no puede entrarse a mirar cada contrato, no se hace hincapié", comentó Sánchez, quien dijo que "firmaba por ley todos los cheques" que le llegaban. El juicio continuará hoy tras la comparecencia ayer de los nueve acusados.